Un análisis advierte riesgos de crisis energética por dependencia del gas

Un análisis sobre el proyecto de la nueva Ley de Electricidad advierte que Bolivia enfrenta un riesgo creciente de crisis energética debido a la excesiva dependencia del gas natural y la falta de incentivos para la inversión privada. El documento, elaborado por la Fundación Milenio, sostiene que el modelo vigente desde 1994 se encuentra agotado tras años de políticas estatistas que distorsionaron el funcionamiento del mercado en nuestro país.

El informe señala que, si bien el proyecto del Ministerio de Hidrocarburos y Energías incorpora objetivos positivos como la inclusión de energías renovables y sistemas de almacenamiento, estos serán insuficientes mientras el Estado mantenga un rol triple. Actualmente, el sector público actúa simultáneamente como regulador, financiador y operador dominante a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

El impacto de los subsidios y la estatización

El análisis critica que la empresa estatal haya concentrado las funciones de generación, transmisión y distribución. Esta estructura rompe el principio de desverticalización —la separación de las distintas etapas del proceso eléctrico para fomentar la eficiencia— que buscaba la legislación original. Según la fundación, las inversiones estatales superiores a los 2.000 millones de dólares realizadas en los últimos años no han logrado garantizar el autoabastecimiento futuro de forma sostenible.

Uno de los obstáculos principales identificados es el subsidio al gas natural utilizado para generar electricidad. Esta política impide que tecnologías limpias, como la energía solar o eólica, puedan competir en igualdad de condiciones. Mientras el gas mantenga precios artificialmente bajos para las generadoras, las fuentes renovables no resultan económicamente atractivas para los nuevos capitales.

Perspectivas y sostenibilidad del sistema

Aunque en Bolivia existe actualmente una sobrecapacidad instalada, la disminución constante de las reservas gasíferas amenaza la estabilidad del sistema a mediano plazo. El abastecimiento oportuno y seguro solo podrá alcanzarse con fuentes de energía abundante y precios razonables tanto para productores como para consumidores, según explica el documento técnico.

La propuesta oficial de introducir subastas para proyectos de generación renovable es vista como un avance, ya que permitiría que el mercado fije precios competitivos. Sin embargo, el informe concluye que sin una reforma profunda a la política de subsidios y mayores garantías para el capital privado, el país enfrentará dificultades crecientes para asegurar un suministro eléctrico asequible y sostenible en los próximos años.