Los accidentes de tránsito cuestan a Bolivia más de 1.200 millones anuales

Los accidentes de tránsito en Bolivia han dejado de ser únicamente una tragedia humana para convertirse en una crisis financiera que drena los recursos del Estado y de las familias. Según estimaciones basadas en parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos siniestros generan pérdidas equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en nuestra economía representa un impacto superior a los $us 1.200 millones anuales.

La muerte de la enfermera Ruby Tatiana Caballero en Santa Cruz, tras ser impactada por un conductor ebrio, es el caso más reciente de una estadística que no deja de crecer. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 9.731 accidentes en el país, un incremento del 10,45% respecto al año anterior. Santa Cruz se ha consolidado como el epicentro de esta crisis, concentrando por primera vez más del 50% de los siniestros nacionales.

La hemorragia económica invisible

A pesar de la magnitud de las cifras, Bolivia carece de un índice oficial que mida el costo real de la inseguridad vial. Cristian Zambrana, gerente del Automóvil Club Boliviano (ACB), advirtió que el país necesita con urgencia una metodología para calcular el gasto en hospitales, la pérdida de productividad y el empobrecimiento de las familias afectadas.

"La gente ve el accidente como una tragedia individual, pero no como una hemorragia económica colectiva. Cada accidente evitable es una escuela o un hospital que el país deja de construir", señaló Zambrana. El ejecutivo explicó que el costo incluye rehabilitación, discapacidad, ausentismo laboral y daños materiales que golpean simultáneamente al sistema público y privado.

Causas y presión en el sistema de salud

Los datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana revelan que el 66,89% de los hechos se atribuye a fallas humanas, principalmente por imprudencia y conducción en estado de ebriedad. Además, el crecimiento desmedido del uso de motocicletas ha modificado el mapa de la siniestralidad, representando ya el 49% de los accidentes en nuestro territorio.

Esta situación ejerce una presión constante sobre los hospitales públicos, que deben absorber los costos de cirugías complejas y terapias intensivas. En ciudades como Santa Cruz, el promedio es de al menos 27 personas heridas por día debido a colisiones viales.

Hacia una política de Estado

Para enfrentar este escenario, el ACB propone la creación de una mesa técnica nacional integrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los ministerios de Salud y Economía. El objetivo es construir un índice nacional de siniestralidad antes de 2027 y reducir la mortalidad vial en un 50% hacia el año 2030, cumpliendo con los compromisos asumidos ante las Naciones Unidas.

La falta de una base de datos integrada que cruce información de la Policía, centros médicos y seguridad social impide una gestión eficiente del problema. Mientras el país siga reaccionando después del impacto, la factura económica y social continuará creciendo, afectando la movilidad segura como condición indispensable para el desarrollo de nuestra economía.