El Presupuesto General 2026 proyecta un déficit del 9 % y prioriza el gasto corriente

El gobierno presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, un documento que establece una meta de déficit fiscal del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra representa un intento de reducción frente al desequilibrio actual, que oscila entre el 12 % y el 12,5 %, en un contexto marcado por el estancamiento económico y una inflación que muestra signos de aceleración.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria 2026 revelan que el instrumento financiero no contempla reformas estructurales ni nuevas reglas fiscales que subordinen el gasto a la estabilidad macroeconómica. En su lugar, el diseño prioriza la continuidad operativa del aparato estatal y la ejecución administrativa sobre la coordinación de variables de fondo. Según los documentos oficiales, el gasto corriente se ubicará entre los 165.000 y 175.000 millones de bolivianos.

Desequilibrio entre gasto e inversión

La estructura del presupuesto para 2026 muestra una brecha significativa entre el sostenimiento del funcionamiento estatal y la generación de nueva capacidad productiva. Mientras el gasto corriente absorbe la mayor parte de los recursos, la inversión pública proyectada alcanza apenas un rango de entre 22.000 y 25.000 millones de bolivianos. Esta relación de siete a uno a favor del gasto operativo limita las posibilidades de expansión de la base económica del país.

El presupuesto mantiene además la política de subsidios a los hidrocarburos, con un costo estimado de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. Aunque esta medida permite contener los precios internos en el corto plazo, ejerce una presión constante sobre el déficit fiscal y drena las divisas del Banco Central. El esquema actual no prevé un rediseño de estos incentivos ni mecanismos para resolver los problemas de oferta energética.

Impacto en las reservas y el tipo de cambio

En el ámbito cambiario, el PGE 2026 apuesta por mantener la paridad oficial a pesar del bajo nivel de reservas internacionales líquidas. Esta decisión implica que el equilibrio económico se administrará mediante restricciones e intervenciones directas en el mercado. Al no existir una reasignación de recursos hacia sectores exportadores que generen divisas, el presupuesto se limita a gestionar la escasez externa sin corregir las causas que la originan.

La falta de una trayectoria creíble de consolidación fiscal debilita la confianza de los agentes económicos. Sin un ancla de sostenibilidad, el déficit se desplaza hacia otros indicadores: se transforma en mayor liquidez, presión sobre el tipo de cambio y pérdida de activos externos. La inversión pública, aunque se mantiene formalmente, se convierte en el componente de ajuste real frente a la rigidez de los salarios y los gastos de funcionamiento.

Perspectivas de gestión

El enfoque gubernamental para la próxima gestión se define como una estrategia de contención de corto plazo. Al no modificar la estructura productiva ni reducir el gasto rígido, el presupuesto distribuye el desequilibrio en el tiempo a través del endeudamiento y en los precios mediante la presión inflacionaria. Los analistas advierten que, cuando el déficit se vuelve permanente, la política económica deja de gobernar el ciclo y se limita a administrar la inestabilidad.

El próximo paso para la puesta en marcha de este plan financiero será su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se deberán discutir las fuentes de financiamiento para cubrir el 9 % de déficit proyectado y las garantías para sostener el nivel de subsidios en un entorno internacional incierto.