La caída de reservas de gas y la escasez de diésel tensionan la economía

El sector energético boliviano atraviesa una crisis estructural marcada por el descenso de las reservas de gas natural y una escasez de diésel que ha comenzado a paralizar la actividad agrícola en el oriente. Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las reservas probadas cayeron de 4,5 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2023 a aproximadamente 3,7 TCF en 2025, un nivel que, de no revertirse mediante nuevos descubrimientos, obligaría a la importación de gas para consumo interno hacia 2031.

La producción actual se encuentra en mínimos históricos tras una caída superior al 50% en comparación con 2014. Raúl Álvarez, vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, señaló que la falta de inversión en exploración pone en riesgo la soberanía energética a corto plazo. Por su parte, analistas del sector advierten que el actual régimen fiscal, donde el Estado retiene 93 de cada 100 dólares generados por la renta petrolera, desincentiva la llegada de capitales extranjeros necesarios para revertir el declive de los pozos.

Crisis de combustibles y logística productiva

A la incertidumbre sobre el gas se suma una crisis inmediata de abastecimiento de diésel que afecta principalmente a Santa Cruz. En plena cosecha de verano y zafra cañera, miles de transportistas y productores reportan filas de varios días en las estaciones de servicio. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que la recolección de 3,5 millones de hectáreas está en riesgo por la falta de combustible, lo que impacta directamente en el flujo de divisas y el abastecimiento de alimentos.

Desde la estatal petrolera, el vicepresidente de operaciones, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a un incremento inusual de la demanda, que superó las previsiones en un 40% para el diésel y un 15% para la gasolina. En Santa Cruz, el consumo diario saltó de 1,6 millones a 2,79 millones de litros. No obstante, los gremios de transporte federado han amenazado con el cierre de fronteras si el gobierno no garantiza una solución definitiva a la provisión de carburantes.

Investigación por presunto sabotaje

En paralelo a los problemas de volumen, la calidad del combustible importado ha entrado bajo escrutinio judicial. La Fiscalía de La Paz abrió una investigación de oficio por presunto sabotaje vinculado a la importación de gasolina, tras múltiples denuncias sobre daños en motores y bajo rendimiento de los vehículos. El fiscal David Torres confirmó que el proceso indagará toda la cadena de suministro, desde la adquisición hasta la distribución final.

El Ministerio Público ha conformado un equipo especial para requerir información al Ministerio de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta investigación surge en un momento de alta sensibilidad social, donde el modelo energético basado en subsidios y gas barato enfrenta sus mayores desafíos de sostenibilidad debido al encarecimiento de las importaciones y la declinación de los campos locales.

El escenario actual obliga a las autoridades a evaluar ajustes en la matriz energética. Mientras el sector industrial intenta adaptarse mediante el Decreto Supremo 5549 para generar su propia energía renovable, la dependencia del gas para la generación termoeléctrica —que representa hasta el 70% de la electricidad del país— sigue siendo el principal obstáculo para una transición hacia fuentes más sostenibles.