Bolivia obtiene una calificación mínima en transparencia presupuestaria según estudio internacional

Bolivia obtuvo una calificación de 11 sobre 100 en transparencia fiscal dentro de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, una cifra que sitúa al país significativamente por debajo del estándar internacional de 61 puntos considerado adecuado. El estudio, coordinado por International Budget Partnership y desarrollado localmente por la Fundación Jubileo, evaluó la disponibilidad de información, la participación ciudadana y el control institucional en 83 países.

Los resultados del informe reflejan debilidades estructurales en el acceso a los datos públicos. Además de la baja puntuación en transparencia, el país registró 13 puntos en participación ciudadana y 39 en vigilancia institucional. Según la Fundación Jubileo, esta opacidad limita la calidad de la política económica y debilita la confianza en la gestión de los recursos estatales.

Impacto en la gestión y la inversión

El Presupuesto General del Estado (PGE) funciona como el principal instrumento de planificación económica, al definir la recaudación, el destino del gasto y las prioridades nacionales. La falta de apertura en este proceso genera incertidumbre en los actores económicos y puede elevar el costo del financiamiento externo.

Luis Fernando Romero, economista, señaló que un presupuesto abierto es fundamental para que la población conozca cómo se recaudan y emplean los fondos públicos. "Esto refleja que la información no es oportuna ni accesible, lo que limita el control social", afirmó Romero respecto a la calificación obtenida. El especialista explicó que la transparencia obliga al Estado a justificar sus decisiones y permite evaluar si los recursos llegan efectivamente a sectores como salud, educación o inversión pública.

Limitaciones en el debate legislativo

Uno de los obstáculos identificados en el proceso boliviano es que el proyecto del PGE no se publica de manera oficial antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta práctica restringe el debate público y reduce la capacidad de análisis de ciudadanos, empresas e inversionistas sobre las proyecciones fiscales y la asignación de recursos.

De acuerdo con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la transparencia fiscal es un pilar para la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversiones. En contraste, la falta de claridad en las asignaciones presupuestarias dificulta la coordinación de políticas públicas y la gestión responsable de la deuda.

Consecuencias de la rigidez presupuestaria

El análisis advierte que operar bajo presupuestos que no reflejan las prioridades actuales conlleva una desalineación de políticas y una rigidez que impide reasignar fondos hacia áreas críticas. Esta situación puede derivar en una pérdida de credibilidad fiscal tanto a nivel interno como externo.

"El Estado sigue funcionando, pero con baja eficiencia, menor capacidad de reacción y sin una dirección estratégica clara", indicó Romero. El informe concluye que mejorar estos indicadores no es solo una cuestión de imagen internacional, sino una necesidad para fortalecer la planificación económica, facilitar el acceso a créditos y reducir los márgenes para el uso discrecional de los recursos públicos.