Uruguay expresa preocupación por la crisis política y social en nuestro país

El gobierno de Uruguay manifestó este miércoles su preocupación por la situación política y social en nuestro país, instando a todos los actores involucrados a resolver las diferencias mediante el diálogo y la vía pacífica. A través de un comunicado de su Cancillería, el país vecino reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática y el orden constitucional boliviano ante la escalada de conflictos que enfrentamos.

En el documento, Uruguay alentó a nuestras autoridades y a los sectores movilizados a generar mecanismos de cooperación para superar las dificultades económicas y preservar la paz social. Asimismo, el gobierno uruguayo ofreció su apoyo tanto de forma bilateral como en los espacios regionales que compartimos, específicamente el Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Escalada de demandas y bloqueos

El conflicto que atraviesa el gobierno nacional comenzó a principios de mes con reclamos sectoriales por mejoras salariales y críticas a la calidad de los combustibles. Sin embargo, la tensión aumentó hasta derivar en exigencias políticas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el mando hace seis meses. Los bloqueos de carreteras, que se tornaron violentos esta semana aquí en La Paz, han profundizado la crisis económica y política del Ejecutivo.

A pesar de que el presidente Paz recibió el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos de la región, la situación interna permanece crítica. En el ámbito internacional, la gestión actual también enfrentó recientemente un roce diplomático con Colombia, tras calificar como una injerencia las declaraciones del mandatario Gustavo Petro sobre la coyuntura interna boliviana.

Antecedentes de la movilización

El origen de las protestas se remonta a una marcha de 24 días protagonizada por campesinos e indígenas de la Amazonía, quienes llegaron a nuestra sede de gobierno desde Pando para exigir la anulación de la Ley 1720. Esta norma buscaba reclasificar pequeñas propiedades como medianas para facilitar el acceso a créditos bancarios, lo que los sectores movilizados interpretaron como un riesgo de concentración de tierras en favor de empresarios agrícolas.

Aunque el presidente derogó dicha ley el 13 de mayo, la medida solo logró desactivar el conflicto con los grupos amazónicos. En el altiplano paceño, los sindicatos campesinos mantuvieron los bloqueos de caminos, sumándose a las presiones de la Central Obrera Boliviana (COB).

La COB presentó un pliego con más de 200 demandas, entre las que destacan un incremento salarial del 20% y el control de la inflación. Si bien el gobierno rechazó la mayoría de estos puntos, logró establecer acuerdos económicos parciales con los sectores del magisterio y los mineros cooperativistas, en un intento por frenar la parálisis que afecta a diversas regiones del país.