YPFB Refinación denuncia daño de 1.000 millones de bolivianos por contratos irregulares

YPFB Refinación denunció un presunto esquema de corrupción que resultó en el desembolso anticipado de más de 1.000 millones de bolivianos a la empresa Indueste, bajo contratos que no fueron cumplidos y carecían de garantías suficientes para proteger los recursos del Estado. La irregularidad fue detectada tras una modificación en los reglamentos internos de contratación de la subsidiaria estatal en nuestro país, lo que permitió la entrega total del dinero antes de recibir el producto.

Jorge Plaza, director de Auditoría Interna de YPFB Refinación S.A., y Eduardo Saucedo, gerente de Asuntos Legales, explicaron que el caso se originó en abril de 2024. Según los directivos, la anterior administración flexibilizó las normas vinculadas a las garantías y mecanismos de control, facilitando la firma de dos contratos para el suministro de soya destinada a las plantas de biodiésel en Santa Cruz. Pese a que los convenios tenían una vigencia de un año, la estatal entregó el 100% del valor de forma inmediata.

Incumplimiento y falta de garantías

La soya es una materia prima —un bien básico o commodity cuyo precio se define en mercados internacionales— esencial para la producción de biocombustibles en nuestras plantas. Sin embargo, Plaza señaló que el contrato estipulaba un precio fijo, ignorando las variaciones del mercado externo, y que la empresa proveedora solo entregó el 18% del producto pactado.

"La empresa comenzó con incumplimientos y al final la compañía se quedó solamente con la entrega de esos mil millones bolivianos", afirmó Plaza. Por su parte, Saucedo advirtió que la ausencia de garantías adecuadas ha dejado a YPFB Refinación en una posición vulnerable para recuperar el capital. Según el abogado, la estatal no cuenta con los mecanismos de ejecución inmediata que suelen respaldar este tipo de operaciones financieras de gran magnitud.

Exautoridades bajo investigación

La denuncia penal presentada por la compañía alcanza a exejecutivos y funcionarios que participaron en la aprobación de los desembolsos y en la alteración del reglamento de garantías. Entre los señalados figuran el exgerente general Miguel Ángel Colte y los exdirectores Jaime Arancibia e ingeniero Márquez. Las autoridades actuales de la subsidiaria sostienen que los cambios normativos se realizaron con el fin exclusivo de beneficiar a la empresa privada involucrada.

"Lo que nosotros presumimos es que esta modificación se hizo exclusivamente para beneficiar a Indueste", señaló Saucedo, quien cuestionó que la firma proveedora no hubiera asegurado la compra de la materia prima ni devuelto el anticipo tras admitir su incapacidad de entrega.

Conflicto en el ámbito judicial

El proceso enfrenta actualmente un obstáculo jurídico tras la decisión de una jueza de trasladar el caso de la vía penal a la civil, lo que reduce la capacidad de presión del Estado para recuperar los fondos. Ante esta situación, los representantes de YPFB Refinación anunciaron la presentación de una acción de amparo constitucional para que la investigación retorne al Ministerio Público.

Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la transparencia en el sector de hidrocarburos en Bolivia, en un contexto donde la estatal petrolera enfrenta una fuerte presión financiera y la necesidad de optimizar el manejo de los recursos públicos.