El sector agropecuario advierte que la abrogación de la Ley 1720 frenará la producción

El sector agropecuario boliviano se declaró en estado de emergencia ante la posibilidad de que se abrogue la Ley 1720, una normativa que permite la conversión de pequeñas propiedades agrícolas en medianas. Los dirigentes de las principales cadenas productivas advirtieron el miércoles que la eliminación de esta norma frenaría la inversión tecnológica, limitaría el acceso al crédito y provocaría una caída en la oferta de alimentos en el mercado interno.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), afirmó que el sector no permitirá la anulación de la ley y exigió, de manera paralela, la eliminación del Decreto Supremo 5613. Según el dirigente, el 90% de los títulos individuales en el país pertenecen a pequeños productores que buscan tecnificarse para incrementar su rendimiento. Frerking señaló que frenar esta transición legal significaría impedir que miles de familias salgan de la pobreza mediante la escala productiva.

Impacto en la seguridad alimentaria

La preocupación se extiende a diversos rubros que dependen de la estabilidad jurídica de la tierra para proyectar sus cosechas. Nue Morón, presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores (Asofruth), explicó que la Ley 1720 es una herramienta estructural para superar la precariedad en el campo. El representante señaló que la normativa permite generar empleo y garantizar la provisión de productos básicos, especialmente en un contexto donde el acceso al financiamiento es restringido para las unidades productivas menores.

Por su parte, Abrahan Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), enfatizó que los productores de granos requieren condiciones claras para expandir su capacidad. Nogales sostuvo que los pequeños productores necesitan reglas que faciliten el crecimiento y cuestionó que el debate sobre la propiedad de la tierra se vea distorsionado por posturas ideológicas que no consideran la realidad técnica del campo.

Desinformación y crisis económica

El sector productivo también denunció la existencia de una campaña de desinformación dirigida a comunidades indígenas y territorios colectivos. Frerking aclaró que la ley está enfocada exclusivamente en el pequeño productor privado y que no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Ante esta situación, la CAO convocó a una Asamblea Extraordinaria de Emergencia para definir las medidas de presión que adoptará el sector en los próximos días.

Javier Urenda, presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos (Acricer), vinculó la vigencia de la norma con la necesidad de dinamizar la economía frente a la escasez de divisas y las dificultades en el abastecimiento de combustible. Urenda pidió investigar a instituciones y organizaciones no gubernamentales que, según su denuncia, difunden información falsa entre los productores para generar conflicto social.

Para el empresariado agrícola, la Ley 1720 representa la única vía legal para avanzar hacia la mecanización e industrialización de los predios. El cierre de este debate, según los gremios, definirá la capacidad del país para mantener su soberanía alimentaria en un periodo de alta volatilidad económica.