El presupuesto de 2026 prioriza el gasto corriente y reduce transferencias a las regiones

El Gobierno boliviano presentó una reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026 que prioriza el gasto corriente y reduce significativamente las transferencias de recursos hacia las regiones, según datos oficiales del Ministerio de Economía. La estructura financiera establece que el gasto operativo —destinado a sueldos, bienes, servicios y deuda— representará entre el 67% y el 70% del presupuesto total del país.

De acuerdo con las cifras vigentes, el gasto corriente alcanza los 269.064,4 millones de bolivianos y se ajustará a 265.317,1 millones tras la reformulación. Este esquema implica que, de cada diez bolivianos administrados por el Estado, aproximadamente siete se destinan a cubrir los costos del funcionamiento diario de la administración pública.

Incremento en costos operativos

A pesar de la ligera reducción en el total del gasto corriente, ciertos rubros específicos registran incrementos notables. El ítem denominado “otros gastos corrientes” sube en 6.553,8 millones de bolivianos, mientras que el presupuesto para bienes y servicios —que incluye materiales e insumos institucionales— aumenta en 2.844,8 millones. Los aportes a la seguridad social también muestran una tendencia al alza.

Estos movimientos reflejan una reasignación de recursos para garantizar la operatividad de la maquinaria estatal. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que se han tomado medidas para controlar el gasto público con el objetivo de priorizar el funcionamiento del Estado y cumplir con las obligaciones financieras vigentes.

Impacto en las regiones y la inversión

El ajuste más severo dentro del presupuesto se concentra en las transferencias corrientes, que sufren un recorte de 10.308,9 millones de bolivianos. Estas partidas representan el dinero que el nivel central del Estado distribuye a las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas. La disminución de estos fondos traslada el peso del ajuste económico a los gobiernos subnacionales, lo que podría limitar la ejecución de obras y la prestación de servicios locales.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz explicó que es necesario ordenar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, una decisión que conlleva recortes en diversas áreas. Esta política también afecta a la inversión pública, destinada a proyectos de infraestructura, lo que genera incertidumbre en sectores como la construcción y el mercado laboral.

El diseño del PGE 2026 responde a un entorno económico caracterizado por la disminución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos, la escasez de divisas y la presión sobre el tipo de cambio. Bajo estas condiciones, el Gobierno ha establecido un plazo de 30 días para proceder al cierre o la fusión de aquellas empresas públicas que presenten déficits operativos, buscando aliviar la carga sobre el tesoro nacional.