Una jueza ordena el desalojo de un predio ocupado por la Policía en Santa Cruz

La jueza de Sentencia Penal Anticorrupción Tercero de Santa Cruz, Gabriela Cuéllar Velasco, emitió una orden de desapoderamiento que instruye a la Policía Boliviana el desalojo de un predio de 49.049 metros cuadrados en la zona norte de la capital cruceña. La disposición judicial establece un plazo de cinco días hábiles para su cumplimiento, el cual vence este miércoles tras la notificación legal realizada al principal sindicado, Félix José Moreno Antelo.

El inmueble ha sido objeto de un litigio que se extiende por 25 años. Según el peritaje aprobado judicialmente, la propiedad pertenece a Teresa Triviño Bazán, una mujer de 72 años que inició el proceso penal por despojo. La sentencia condenatoria contra Moreno Antelo fue confirmada por una Sala Penal el 24 de octubre de 2017, adquiriendo desde entonces la calidad de cosa juzgada.

Antecedentes y demoras en la ejecución

Ramiro Aguilera, abogado de la parte demandante, explicó que esta es la tercera instrucción emitida para recuperar el terreno. De acuerdo con el jurista, las órdenes previas no fueron ejecutadas por la institución policial, a pesar de existir resoluciones que consolidan el derecho propietario de Triviño Bazán. Entre estos documentos figuran una sentencia civil de mensura y deslinde y un fallo de la sala civil del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

El caso fue remitido al Viceministerio de Régimen Interior y Policía del Ministerio de Gobierno. Aguilera señaló que, aunque se realizaron reuniones de coordinación en 2025 para concretar el operativo, la Policía de Santa Cruz postergó la entrega del predio mediante incidentes legales que reclamaban derechos de terceras personas. Estos recursos han sido cuestionados por la defensa de la propietaria, que apunta a un conflicto de intereses dentro de la institución.

Implicaciones legales y administrativas

La resolución de la jueza Cuéllar Velasco exige que el operativo de desapoderamiento cuente con el auxilio de la fuerza pública para garantizar la restitución del bien inmueble. El proceso identifica a Moreno Antelo como un presunto intermediario en la ocupación del terreno, situación que derivó en la condena penal que hoy sustenta el desalojo.

El cumplimiento de esta orden judicial representa el cierre de un conflicto jurídico que ha pasado por diversas administraciones gubernamentales. La parte afectada espera que el Ministerio de Gobierno instruya la movilización de los efectivos necesarios para dar cumplimiento al fallo antes del vencimiento del plazo legal, evitando nuevas dilaciones en un proceso que cuenta con todas las instancias de apelación agotadas.