Seguridad
El gobierno crea una unidad policial especializada para proteger a magistrados
El Ejecutivo anunció la implementación de la Dirección Nacional de Seguridad de Dignatarios tras el asesinato de un magistrado. La medida busca centralizar la protección de altas autoridades frente al avance del sicariato.
Puntos clave de la noticia:
- La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
- Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
- El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.
El gobierno boliviano anunció la implementación de una estructura especializada de protección para altas autoridades del Estado, en respuesta a la solicitud de seguridad realizada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo. La decisión ocurre tras el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojosa, ocurrido el pasado 30 de abril en Santa Cruz.
La seguridad de los magistrados y otras autoridades judiciales será gestionada a través de la Dirección Nacional de Seguridad de Dignatarios (Usedi). Según un comunicado oficial del Ejecutivo, esta unidad policial especializada tendrá alcance nacional y estará destinada a la protección de miembros del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Órgano Legislativo. El gobierno afirmó que toma con seriedad la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones judiciales.
Reorganización del sistema de protección
El plan gubernamental consiste en reemplazar los actuales esquemas de protección, calificados como dispersos, por un sistema preventivo con capacidad de reacción estratégica. La nueva dirección policial contará con personal entrenado en análisis de riesgos, inteligencia protectiva, manejo de crisis y reacción táctica. El objetivo, según el documento oficial, es construir un sistema moderno que resguarde la integridad y el ejercicio independiente de las autoridades.
Para sostener esta estructura, se prevé la creación de una Escuela de Operaciones Protectivas de Seguridad. Esta instancia se encargará de la formación especializada de los efectivos policiales asignados al resguardo de dignatarios. El gobierno sostiene que la medida es una respuesta directa a las amenazas vinculadas al crimen organizado y la violencia dirigida contra funcionarios públicos.
Tensión entre poderes y cuestionamientos
La implementación de esta unidad ocurre en un momento de distanciamiento institucional. El Órgano Judicial decidió no asistir al encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz Pereira en Cochabamba. Previamente, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, denunció una supuesta ausencia del Estado frente al avance del crimen organizado y afirmó que el sicariato ha condicionado la capacidad de respuesta de las instituciones.
Saucedo cuestionó la novedad del anuncio gubernamental al señalar que la unidad policial mencionada ya formaba parte de la estructura de la Policía Boliviana. "Usedi ya existe. No es que la están creando", afirmó el magistrado en una entrevista televisiva. Según el titular del TSJ, actualmente solo la presidencia de esa instancia cuenta con un edecán policial permanente, mientras que el resto de los magistrados carece de seguridad especializada.
El asesinato de Claure, que es investigado como un caso de sicariato, ha elevado el nivel de alerta en el sistema judicial. El hecho reabrió el debate sobre la vulnerabilidad de los jueces frente a grupos delictivos. El gobierno busca que la Usedi centralice la protección para evitar incidentes similares, mientras el Órgano Judicial mantiene sus críticas sobre la efectividad de las garantías ofrecidas hasta el momento.





