Grupos armados reactivan bloqueos para forzar la salida del gobierno

La persistencia de bloqueos de carreteras y el uso de armamento por parte de grupos vinculados al expresidente Evo Morales han configurado un escenario de violencia que especialistas y autoridades identifican como una estrategia sistemática para forzar la salida del gobierno de Rodrigo Paz. Los enfrentamientos registrados este mes en San Julián y el Chapare replican patrones de conflicto que, hace exactamente un año, resultaron en la muerte de cinco personas en Potosí y Cochabamba.

El actual ciclo de protestas, que busca forzar elecciones anticipadas en un plazo de 90 días, coincide con la geografía de los conflictos de junio de 2025. En aquel momento, las movilizaciones exigían la habilitación electoral de Morales; hoy, tras la desintegración del Movimiento al Socialismo (MAS) como fuerza dominante en las elecciones de noviembre pasado, el objetivo se ha desplazado hacia la interrupción del mandato constitucional vigente en nuestro país.

El análisis de los hechos recientes muestra una escalada en la letalidad de las acciones. El pasado 6 de junio, cuatro efectivos policiales resultaron heridos de bala durante un operativo de desbloqueo en San Julián, Santa Cruz. Días después, la retención de un militar en la misma zona profundizó la tensión institucional. Estos sucesos evocan el asesinato de tres policías en Llallagua en 2025, quienes fueron atacados con armas de fuego mientras intentaban liberar las vías.

"El principal rasgo de Evo Morales en su trayectoria política ha sido generar escenarios de violencia y convulsión social mediante el bloqueo de caminos", afirmó el diputado Carlos Alarcón. Según el legislador, la estrategia actual es idéntica a la aplicada contra el expresidente Carlos Mesa en 2005 y, más recientemente, contra la gestión de Luis Arce. El objetivo, señaló Alarcón, es alcanzar el poder mediante la presión social para luego buscar legitimidad electoral.

Desde una perspectiva académica, R. Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos, advirtió que las movilizaciones en Bolivia han superado el marco de la protesta social tradicional. En un reporte publicado este mes, Ellis calificó las acciones como operaciones de "zona gris", caracterizadas por el uso de dinamita, emboscadas y armas de fuego contra las fuerzas del orden.

El gobernador de Oruro, Édgar Sánchez, coincidió en que existe una "evidente injerencia política" dirigida desde el Chapare. Por su parte, el especialista en conflictos Huáscar Pacheco destacó que el mapa de los bloqueos se mantiene inalterable en el eje central del país, afectando principalmente la conectividad entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

A pesar de la presión en las carreteras y el cerco a las ciudades, el vocero gubernamental ratificó que la administración de Paz no cederá ante pedidos de renuncia que calificó como conspirativos. El gobierno ha anunciado procesos judiciales por conspiración contra los dirigentes identificados como los articuladores de las medidas de presión.