Foro Penal reporta 457 presos políticos en Venezuela pese a ley de amnistía

La organización no gubernamental Foro Penal informó el sábado que 457 personas permanecen encarceladas en Venezuela por motivos políticos, de las cuales 42 son extranjeras o poseen doble nacionalidad. El reporte, que detalla la situación de los detenidos bajo custodia estatal, precisa que la cifra incluye a 414 hombres, 43 mujeres y un adolescente, distribuidos entre 270 civiles y 187 militares.

De acuerdo con el informe de la organización, 164 personas ya cuentan con una condena judicial, mientras que 293 permanecen sin una sentencia firme. Estos datos, que son remitidos periódicamente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indican que desde 2014 se han producido 19.092 detenciones políticas en Venezuela. Además, más de 11.000 personas continúan sujetas a diversas medidas restrictivas de su libertad.

Obstáculos en la aplicación de la amnistía

La vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero para cubrir un periodo de 27 años desde 1999, ha sido cuestionada por su alcance limitado. La normativa solo contempla hechos vinculados a 13 eventos específicos ocurridos en un lapso de 13 años, lo que excluye casos relacionados con operaciones militares, delitos de corrupción y homicidios. Foro Penal señaló que la implementación de esta ley se ha transformado en un mecanismo para ralentizar la liberación de los detenidos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el sábado que más de 9.000 personas han sido beneficiadas por la amnistía. No obstante, Rodríguez reconoció tener información sobre jueces que habrían realizado cobros irregulares para tramitar los beneficios procesales y exigió acciones legales contra los funcionarios implicados. Esta declaración coincide con denuncias realizadas en marzo por familiares de los detenidos, quienes reportaron exigencias de pagos en dólares en tribunales para formalizar las boletas de libertad.

Denuncias de crímenes de lesa humanidad

La situación de los centros de reclusión volvió al debate público tras el fallecimiento bajo custodia estatal de Víctor Hugo Quero Navas. La líder opositora María Corina Machado exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos para evitar nuevos decesos en prisión. El gobierno venezolano reconoció la muerte de Quero Navas esta semana, tras meses de búsqueda activa por parte de su familia.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, calificó el fallecimiento como una prueba de desaparición forzosa y crímenes de lesa humanidad. Romero rechazó la versión del Ministerio de Servicio Penitenciario, que alegó que el detenido no suministró datos de contacto familiar. El abogado señaló que la madre del fallecido buscó a su hijo durante más de un año en el centro penitenciario Rodeo I, donde las autoridades negaron sistemáticamente tener información sobre su paradero.

El balance de la organización refleja una dinámica de detenciones persistente, con el reporte de cuatro nuevos arrestos en la última semana frente a una sola excarcelación registrada en el mismo periodo. El Estado venezolano mantiene la responsabilidad legal sobre la integridad de los detenidos, quienes, según los defensores de derechos humanos, enfrentan periodos prolongados de incomunicación.