Organizaciones civiles denuncian una escalada de amenazas y estigmatización en Bolivia

Un grupo de 67 organizaciones de la sociedad civil en nuestro país emitió un pronunciamiento conjunto para denunciar lo que consideran una escalada de estigmatización y amenazas por parte de actores políticos y gubernamentales. Las instituciones reafirmaron su rol como defensoras de los derechos humanos y advirtieron sobre intentos de criminalización que buscan limitar su labor en el fortalecimiento de la democracia.

El documento surge en un contexto de tensión por las demandas de sectores indígenas y campesinos que piden la abrogación de la Ley 1720 de reconversión agraria. Según las organizaciones firmantes, este escenario ha sido utilizado para deslegitimar su trabajo mediante ataques que califican como una práctica recurrente. Entre los antecedentes citados figuran las restricciones impuestas en 2013 con la Ley 351 de personalidades jurídicas y las recientes advertencias surgidas durante el debate sobre la normativa agraria.

Defensa de la independencia institucional

Las entidades subrayaron que su labor en Bolivia no es circunstancial ni responde a intereses tutelares, sino que se basa en un trabajo horizontal con sectores vulnerables. En el comunicado, las organizaciones enfatizaron que la sociedad civil organizada no constituye un negocio, sino el ejercicio de la ciudadanía. Sostuvieron que su independencia es la garantía necesaria para que el poder respete los derechos fundamentales.

El pronunciamiento destaca que estas instituciones actúan como protagonistas del cambio social a través de la promoción del diálogo, la transparencia y la vigencia de las normas democráticas. En este sentido, rechazaron ser consideradas meras ejecutoras de proyectos, reivindicando su función política en la defensa de la justicia y la inclusión social en nuestro territorio.

Demandas urgentes al Estado

Ante lo que consideran un riesgo para las entidades defensoras de derechos, el bloque de organizaciones planteó tres exigencias centrales a las autoridades. La primera es el cese inmediato de la estigmatización y la descalificación de su trabajo. En segundo lugar, solicitaron garantías reales para un entorno seguro que respete las libertades de asociación y de expresión, pilares del sistema democrático.

Finalmente, demandaron la apertura de un diálogo plural sobre cualquier normativa que afecte a la sociedad civil, bajo estándares internacionales de derechos humanos. El grupo hizo un llamado a la opinión pública nacional e internacional para mantenerse alerta ante posibles retrocesos democráticos en el país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los sectores más desfavorecidos.