La Búsqueda Solitaria: Madres Bolivianas Enfrentan Negligencia y Corrupción en Casos de Trata

Cuando Juana fue a recoger a su hija de 12 años del colegio y no la encontró, su vida se fracturó. En lugar de una búsqueda inmediata, encontró en la policía una burocracia indiferente que sugería una fuga con un novio y le pedía esperar. El protocolo de la “alerta Juliana”, diseñado para la búsqueda urgente de menores, nunca se activó. En su lugar, Juana relata que los oficiales le exigieron dinero para combustible y viáticos, peticiones a las que accedió con préstamos, solo para confirmar que la búsqueda nunca comenzó. Su experiencia no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis sistémica que obliga a las madres a convertirse en investigadoras privadas de sus propias tragedias.

El abandono institucional queda expuesto en las cifras oficiales. Según datos de la Fiscalía General del Estado, durante 2023 se registraron 3.409 denuncias por personas desaparecidas en el país. En contraste, en el mismo período, solo se emitieron siete sentencias condenatorias por delitos relacionados con la trata de personas. Esta brecha evidencia una impunidad que alimenta las redes criminales y deja a las familias en una completa indefensión.

Una falla estructural

Activistas y funcionarios reconocen que el problema es profundo. Letty Tordoya, abogada de la organización Mujeres Creando, califica la corrupción policial como “estructural” y denuncia el incumplimiento de protocolos básicos. Desde la Defensoría del Pueblo, la vocera Paola Tapia admite que la “alerta Juliana” no siempre se activa y que las unidades especializadas carecen de personal y presupuesto. El testimonio de una sargento que trabajó en la unidad de trata es revelador: solicitó su traslado tras 15 meses, describiéndola como “la peor unidad”, sin recursos ni capacidad, donde los superiores se aprovechan de la desesperación de las familias.

El panorama se agrava por la posición de Bolivia en el mapa del crimen organizado. Informes de las Naciones Unidas señalan al país como un territorio de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. La mayoría de las víctimas son adolescentes reclutadas con falsas promesas de trabajo o estudio, que terminan en redes de explotación sexual o laboral. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido que la ausencia de datos confiables sobre cuántas personas desaparecidas son rescatadas o regresan a sus hogares facilita la impunidad de los traficantes.

La unión frente al abandono

Ante la inacción del Estado, son las madres quienes han asumido la labor de búsqueda. Daniela lleva tres años buscando a su hija de 16 años, vista por última vez en la terminal de buses de Santa Cruz, donde la cámara de seguridad que pudo haber grabado a sus captores no funcionaba. Rocío recorre de forma incansable las rutas entre Beni y Santa Cruz, revisando listas de pasajeros y buscando pistas por su cuenta. “Nosotras terminamos haciendo lo que debería hacer la Policía”, afirma.

Este impulso de lucha llevó a María Rita Hurtado, quien busca a su hija Dayana desde hace una década, a fundar la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico (Asafavittp). La organización se ha convertido en un refugio y un frente de batalla para decenas de familias que comparten historias similares de dolor y abandono. En sus reuniones, madres como Nelly Flores, que busca a su hija con una discapacidad intelectual, encuentran la fuerza para continuar en una comunidad que comprende su calvario.

La situación de Bolivia ha sido objeto de críticas internacionales. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que el país no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Mientras las redes criminales operan con una lógica transnacional, las instituciones bolivianas se muestran desarticuladas y superadas. En este contexto, la lucha solitaria de estas madres no solo expone su drama personal, sino una profunda crisis nacional que sigue sin respuesta.