Familiares de detenidos denuncian que dirigentes obligaron a marchar bajo amenazas

Familiares de las personas detenidas durante las movilizaciones violentas del lunes en La Paz denunciaron que los manifestantes fueron obligados a participar bajo amenazas y extorsiones de sus dirigentes. En las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), los allegados exigieron que los ejecutivos de las organizaciones sociales asuman la responsabilidad legal por las bases que fueron forzadas a salir de sus hogares.

"Por culpa de los ejecutivos, mi papá no ha venido por su voluntad, ha venido obligado", declaró el hijo de uno de los arrestados a la prensa local. El joven explicó que desconoce los cargos específicos contra su familiar y cuestionó la ausencia de los líderes que convocaron a las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. "Como ellos sacan a las bases, así queremos que se responsabilicen", insistió.

Situación jurídica de los aprehendidos

La Policía Boliviana detuvo inicialmente a casi 130 personas por los disturbios registrados en nuestra ciudad. Tras las primeras investigaciones, las autoridades informaron que 29 ciudadanos permanecen en calidad de aprehendidos, mientras que el resto fue liberado, aunque continúan sujetos a investigación para determinar su grado de participación en los hechos.

La Fiscalía General del Estado indicó que los 29 aprehendidos serán imputados por diversos delitos, entre los que figuran instigación pública a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado, impedir el ejercicio de funciones, robo agravado y homicidio en grado de tentativa. La gravedad de los cargos ha incrementado la desesperación de las familias, quienes sostienen que muchos de los procesados son trabajadores que actuaron bajo presión gremial.

Amenazas y multas en las movilizaciones

Las denuncias de coacción no son hechos aislados en el actual conflicto que atraviesa nuestro país. Durante los operativos de desbloqueo realizados el pasado sábado, varios ciudadanos manifestaron haber sido forzados a interrumpir el tránsito. Un productor de hortalizas de la zona de Río Abajo, detenido en el Puente Lipari, señaló que fue obligado a bloquear bajo la amenaza de recibir una sanción económica por parte de su sindicato.

Asimismo, en redes sociales se difundieron registros audiovisuales donde se observa a dirigentes en El Alto utilizando megáfonos para advertir a los vecinos. En las grabaciones se escucha la amenaza de marcar las fachadas de las viviendas de quienes no se sumen a las protestas, exponiéndolos a posibles agresiones físicas o represalias comunitarias. Por el momento, las autoridades judiciales no han emitido órdenes de aprehensión contra los cabecillas señalados por estas extorsiones.