Cívicos proponen despliegue militar y guardia departamental ante ola de crímenes

El Comité pro Santa Cruz propuso este sábado el despliegue de las Fuerzas Armadas y la creación de una guardia departamental para enfrentar el incremento de hechos de violencia y sicariato en el país. La solicitud surge tras el asesinato de un magistrado del Tribunal Agroambiental y otros dos crímenes registrados en menos de 48 horas en Santa Cruz y Tarija.

El presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, señaló que las instituciones estatales no pueden actuar como simples observadores ante la inseguridad. El dirigente planteó que los militares deben salir a custodiar a la población y demandó la conformación de una fuerza de seguridad con competencias departamentales para reforzar las tareas de vigilancia.

Cuestionamientos a la gestión policial y judicial

La dirigencia cívica atribuyó la situación actual a la falta de resultados del Ministerio Público y del sistema judicial en el esclarecimiento de casos vinculados al narcotráfico y conflictos de tierras. Cochamanidis también exigió el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien responsabilizó por el avance del crimen organizado durante los últimos años.

Por su parte, el vicepresidente Edman Lara solicitó al presidente Rodrigo Paz el relevo inmediato del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol. Lara afirmó que la institución atraviesa una crisis de capacidad y transparencia que impide resolver los crímenes de alto impacto, citando como ejemplos el asesinato de un piloto en una competencia deportiva y los recientes ataques en Bermejo y la capital cruceña.

Exigencia de cambios estructurales

Lara sostuvo que el mando policial actual ha demostrado incapacidad para dirigir la institución y denunció que sectores de la Policía actúan con complicidad frente a la corrupción y el narcotráfico. "La Policía Boliviana está contaminada, especialmente en sus altos mandos", afirmó la autoridad, quien advirtió sobre el riesgo que corre la ciudadanía ante la ausencia de garantías de seguridad.

El Comité pro Santa Cruz adelantó que no tolerará la presencia de mafias en el departamento y que la prioridad debe ser garantizar condiciones para el trabajo y la producción. Las autoridades nacionales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la propuesta de militarización de las calles o los cambios en la estructura policial solicitados.