Violencia en Guarayos agudiza la tensión por la toma de tierras en Santa Cruz

A raíz de recientes hechos de violencia en el municipio de Ascensión de Guarayos vinculados a la toma de tierras, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha denunciado la existencia de 160 predios avasallados por grupos irregulares solo en el departamento de Santa Cruz. La institución instó al Gobierno a tomar acciones inmediatas para frenar a lo que su presidente, Klaus Frerking, calificó como “mafias organizadas en el tema tierra”.

“La ley tiene que cumplirse. Los gobernantes fueron electos para hacer cumplir la ley. Tienen que meter presos al que tenga que caer”, afirmó Frerking, en referencia a los enfrentamientos en la provincia Guarayos que involucraron el uso de armas de fuego entre grupos de avasalladores y comunarios. El dirigente del sector agropecuario advirtió que el problema sigue un patrón recurrente de violencia que vulnera la propiedad privada y la seguridad jurídica de los productores.

Frerking subrayó que los avasallamientos no son hechos espontáneos, sino que responden a estructuras organizadas con apoyo en distintas instancias locales. “Aquí sabemos en Santa Cruz cómo funcionan los avasallamientos. Es una red de contactos que hay en todas las entidades, en todos los municipios”, denunció.

Un problema de alcance nacional

La CAO aclaró que la cifra de 160 predios corresponde a denuncias formales, sin incluir los casos en proceso en tribunales agroambientales o aquellos que aún esperan saneamiento. Además, el presidente de la institución señaló que el problema trasciende las fronteras departamentales. “Que quede claro, no es sólo en Santa Cruz. Tenemos casos en el Beni, en Tarija, y también concesiones mineras con problemas de avasallamientos”, alertó.

Una productora agropecuaria afectada por la toma de sus tierras describió la situación como una red nacional de usurpación que opera de manera similar a “las guerrillas de Colombia”. Según su testimonio, más de 165 propiedades habrían sido avasalladas en todo el país, afectando a unas 3.000 personas, entre propietarios y familias que trabajaban en dichos predios.

Acusaciones y respuesta oficial

Desde el ámbito cívico, el presidente del Comité pro Santa Cruz responsabilizó al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al Gobierno del presidente Luis Arce por la situación, acusándolos de apoyar a los grupos que realizan las tomas. Cuestionó la inacción de la Policía, afirmando que existen órdenes de aprehensión que no son ejecutadas.

En contraparte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras aclaró que las denuncias por avasallamientos corresponden a tierras que no han sido saneadas ni tituladas. La autoridad enfatizó que el Gobierno no está titulando ni saneando predios que fueron tomados por la fuerza, ya que, según la normativa vigente, “el avasallamiento no genera derecho alguno”.