Investigación sobre líder del PCC en Bolivia expone fallas en controles de seguridad

Una investigación periodística que reveló la presunta residencia en Santa Cruz de Sergio Luiz de Freitas Filho, alias ‘Mijão’, señalado como líder del Primer Comando de la Capital (PCC), ha provocado una serie de acciones policiales y ha expuesto serias deficiencias en los controles estatales. A raíz de un reportaje de la cadena brasileña O Globo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha intervenido varias residencias de lujo que el individuo habría ocupado durante su estancia de más de una década en el país.

Las autoridades han reconocido públicamente las limitaciones institucionales para detectar a personas con identidades fraudulentas. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, admitió que las fuerzas de seguridad carecen de equipos biométricos modernos, lo que dificulta la identificación de criminales que operan con documentación falsa. “El problema radica en que esta persona resulta indetectable debido a la identidad fraudulenta que porta desde su origen”, afirmó Rojas, quien extendió la responsabilidad a otras instancias como Migración y los controles fronterizos.

Operativos e investigación en curso

Según el reportaje, Freitas Filho habitó al menos seis residencias de lujo en Santa Cruz. El director nacional de la Felcn, coronel Ángel Morales, confirmó que los inmuebles mencionados fueron verificados y que, aunque algunos ya tienen nuevos propietarios sin vínculos aparentes con el investigado, las pesquisas continúan. “Se trabaja de forma coordinada con la Policía Federal de Brasil. Si se confirman los nexos con los inmuebles, se solicitarán nuevas órdenes judiciales”, declaró Morales. Añadió que se investigará a cualquier funcionario policial que pudiera haber brindado protección al capo del PCC.

Por su parte, la Dirección Nacional de Interpol Bolivia informó que se recibió una notificación roja contra ‘Mijão’ el 4 de julio. Desde entonces, se emitió una circular a Migración y a las direcciones policiales departamentales. Sin embargo, el director de la entidad, coronel Juan Carlos Bazoalto, explicó que “esa persona no registra ni ingreso ni salida de nuestro país”, por lo que se ha solicitado información complementaria a Brasil para proceder con una eventual detención con fines de extradición.

Un patrón de refugio para criminales

El caso de Freitas Filho no es un hecho aislado. En los últimos años, Bolivia, y en particular el departamento de Santa Cruz, ha sido escenario de la captura y expulsión de numerosos cabecillas de organizaciones criminales internacionales. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, informó que desde 2021 han sido expulsados 38 extranjeros vinculados al narcotráfico y otros delitos, incluyendo miembros del PCC como Igor Oliveira de Campos y Caique Antonio Rodríguez de Melo.

Entre los casos más notorios se encuentra el del uruguayo Sebastián Marset, quien vivió en Santa Cruz con múltiples identidades falsas antes de su fuga en 2023. También destaca la detención de Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, otro líder del PCC, cuando intentaba obtener una cédula de identidad en una oficina del Segip este año. Otros capturados incluyen a Lourival Máximo da Fonseca, conocido como el ‘narco de los mil nombres’, quien operaba en el país desde 2016.

Estas capturas se suman a las de otros ciudadanos de nacionalidad paraguaya, colombiana y brasileña involucrados en operaciones de narcotráfico a gran escala con destino a Europa y otros países de la región.

Contradicciones en el discurso oficial

La recurrencia de estos casos ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad. Mientras el presidente Luis Arce ha sostenido que no existen cárteles del narcotráfico operando en territorio boliviano, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, ha calificado a Santa Cruz como un “santuario” para el PCC.

Expertos en criminología han cuestionado la respuesta gubernamental. La especialista Gabriela Reyes recordó que una alerta de la Fiscalía de Sao Paulo sobre la presencia de más de 140 integrantes del PCC en Bolivia fue refutada por el Gobierno. “Yo creo que principalmente Migración e Interpol tienen mucho que responder a la población sobre el trabajo que están realizando”, afirmó, criticando la aparente falta de acciones preventivas tras las advertencias internacionales.