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Política

Vecinos y transportistas de El Alto marchan a La Paz tras jornada de violencia

La Fejuve El Alto Sur y el sector transporte inician movilizaciones hacia la sede de gobierno para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La protesta ocurre tras un lunes de enfrentamientos que dejó 100 detenidos y daños en edificios públicos.

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Manifestantes de El Alto Sur protestan en una movilización

Puntos clave de la noticia:

  • La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
  • Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
  • El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) El Alto Sur y el sector del transporte de esa ciudad inician este martes una serie de movilizaciones y bloqueos que se dirigirán al centro de La Paz. Las organizaciones exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, motivadas por el incremento en los precios de la canasta familiar, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles que afecta a nuestro país.

La marcha vecinal partirá desde la extranca de Senkata a las 06:30 y contará con la participación de dirigentes y bases de seis distritos alteños. Además de las demandas económicas, la dirigencia sostiene que el gobierno central pretende trasladar la sede de gobierno a otro departamento, una afirmación que hasta el momento no cuenta con sustento oficial pero que ha servido para movilizar a los sectores sociales de la urbe alteña.

Paro indefinido del transporte

De forma paralela, el transporte de El Alto inicia hoy un paro indefinido con bloqueos de vías. La medida fue ratificada tras un ampliado del sector realizado el lunes, donde se evaluó el impacto de la crisis energética en sus herramientas de trabajo. El dirigente del transporte, Reynaldo Luna, informó que la decisión responde también al presunto incumplimiento de acuerdos previos sobre el resarcimiento por daños en motores, los cuales habrían sido provocados por el uso de gasolina de mala calidad distribuida en las estaciones de servicio.

El ampliado también resolvió que los choferes suspendan el pago de sus créditos bancarios como medida de presión ante la falta de ingresos. Luna señaló que la situación es insostenible para los trabajadores del volante, quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras mientras el suministro de combustible sigue siendo irregular en los surtidores de nuestra ciudad y el resto del territorio nacional.

Antecedentes de violencia en la sede de gobierno

Estas nuevas movilizaciones ocurren un día después de que el centro de La Paz fuera escenario de graves enfrentamientos. El lunes, columnas de la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores fabriles y campesinos denominados Ponchos Rojos intentaron romper los cercos policiales en torno a la plaza Murillo y otros edificios estatales. Los manifestantes utilizaron piedras, petardos y cachorros de dinamita, mientras que los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Los disturbios derivaron en actos vandálicos y saqueos en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia. Según reportes oficiales, grupos de manifestantes ingresaron por la fuerza a edificios públicos y sustrajeron mobiliario para utilizarlo como barricadas o combustible en las fogatas. En las inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), un vehículo y una motocicleta de la Policía fueron incendiados, mientras que varias estaciones de las líneas Celeste, Naranja y Azul de Mi Teleférico sufrieron daños materiales de consideración.

La jornada de violencia del lunes dejó un saldo de al menos 100 personas aprehendidas y diez heridos reportados por el gobierno, entre los que se encuentran tres periodistas y varios efectivos policiales. Uno de los uniformados fue agredido por un grupo de manifestantes dentro de las instalaciones de la línea Celeste. Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades por los daños a la propiedad pública y las agresiones registradas durante las protestas.