El Gobierno descarta el estado de excepción para evitar la victimización de movilizados

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, descartó este martes la implementación inmediata de un estado de excepción en nuestro país, bajo el argumento de que los sectores movilizados podrían utilizar la medida para victimizarse y generar una escalada de violencia. Según el funcionario, aunque la Constitución Política del Estado faculta al Ejecutivo a tomar esta determinación, su aplicación conlleva una complejidad técnica y social que podría ser contraproducente en el escenario actual.

Gálvez explicó que un estado de excepción implica la suspensión de derechos constitucionales para permitir que la Policía y las Fuerzas Armadas garanticen el orden mediante el uso de la fuerza. "Eso es exactamente lo que también aprovecharían para tener una causa de lucha del otro lado, a partir de mentiras, a partir de engaños, a partir de victimizaciones que no corresponden", señaló el vocero en una entrevista con la red televisiva Red Uno.

La estrategia frente a la polarización

Para las autoridades nacionales, responder a la violencia con medidas de fuerza extrema solo agravaría la crisis política. Gálvez sostuvo que el Gobierno busca una "solución estructural" en lugar de optar por salidas forzadas. En ese sentido, la administración central mantiene el diálogo como la vía principal para atender las demandas que considera legítimas, mientras que para los hechos vandálicos se ha optado por la vía jurisdiccional.

"La política del Gobierno ha sido dialogar para los que tienen demandas legítimas, ahora es aplicar la ley de manera implacable para todo aquel que ha afrentado la ley y ha hecho violencia", afirmó el portavoz. Según los datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo, existen más de 100 personas detenidas hasta el momento debido a los disturbios registrados en las últimas jornadas en distintas regiones de Bolivia.

El vocero aseguró que las fuerzas de seguridad cuentan con registros audiovisuales para identificar a quienes participaron en los enfrentamientos y advirtió que no cesarán las acciones legales hasta que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Pese a reconocer que existe un "Estado débil" en términos institucionales, Gálvez enfatizó que la actual gestión no carece de firmeza en la toma de decisiones para preservar la estabilidad interna.

La postura del Ejecutivo surge en un momento de alta tensión, donde diversos sectores sociales y políticos han demandado una intervención más drástica de las fuerzas del orden para liberar las rutas y garantizar la libre circulación en el territorio nacional. Sin embargo, la prioridad de nuestras autoridades parece centrarse en evitar que el conflicto adquiera dimensiones de confrontación civil abierta.