El Gobierno anuncia fiscalización a ONG por presunto financiamiento de protestas

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció este miércoles el inicio de un proceso de fiscalización e investigación contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y otras entidades privadas. La medida responde a la sospecha de que estas instituciones estarían financiando movilizaciones y acciones calificadas por el Ejecutivo como desestabilizadoras en nuestro país.

Aramayo afirmó que cualquier organismo que opere en territorio nacional y participe en actividades que comprometan la estabilidad política deberá responder ante la normativa vigente. "Cualquier organismo, ONG o fundación que esté en el país y esté en acción desestabilizadora, quien esté financiando movimientos desestabilizadores, va a ser fiscalizado y tiene que responder también a nuestra norma", señaló el jefe de la diplomacia boliviana.

Alcance de las investigaciones y entidades involucradas

La autoridad aseguró que existen diversas fuentes de financiamiento detrás de las protestas que han presionado al Gobierno en las últimas semanas. En este sentido, no descartó que parte de los recursos provengan del crimen organizado, aunque aclaró que las pesquisas se encuentran todavía en una fase preliminar. El objetivo central, según el Ejecutivo, es recuperar la institucionalidad y proteger el sistema democrático frente a injerencias externas o internas no reguladas.

Para llevar a cabo estas tareas de seguimiento y control, se ha articulado un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado. Participan en este proceso los ministerios de la Presidencia, Planificación, Gobierno y la propia Cancillería, además de la Fiscalía General del Estado. Aramayo indicó que el Órgano Judicial también deberá intervenir para garantizar que los procedimientos se ajusten al derecho y a la defensa del Estado.

Reserva en los nombres de las instituciones

Consultado sobre la identidad de las organizaciones bajo sospecha, el canciller evitó proporcionar nombres específicos. Argumentó que revelar dicha información en este momento podría entorpecer el desarrollo de las investigaciones en curso. "Tenemos que tener evidencia de ello. No puedo adelantar criterio porque eso significa interrumpir cualquier tipo de investigación", explicó ante los medios de comunicación.

Finalmente, el canciller pidió evitar la estigmatización de países u organismos internacionales. Subrayó la necesidad de diferenciar las relaciones diplomáticas con otros Estados de las acciones individuales que pudieran realizar entidades privadas con financiamiento irregular. El Gobierno espera que los resultados de estas investigaciones permitan esclarecer el flujo de fondos que sostiene los conflictos sociales actuales en Bolivia.