El presidente reconoce debilidad institucional y pide fortalecer el Estado ante conflictos

El presidente Rodrigo Paz reconoció este miércoles que nuestro país enfrenta una debilidad institucional y afirmó la necesidad de construir un Estado fuerte capaz de aplicar la ley bajo un marco democrático. La declaración surge tras dos semanas de movilizaciones y bloqueos de diversos sectores sociales que exigen atención a sus demandas y, en algunos casos, la renuncia del jefe de Estado.

Durante un discurso en Palacio de Gobierno, el mandatario se refirió a las presiones de sectores productivos y civiles que demandan una intervención más severa frente a las medidas de presión que paralizan las rutas nacionales. Paz señaló que, aunque existe una demanda social por el uso de la fuerza, la represión no debe ser el mecanismo que debilite el sistema democrático en Bolivia.

La construcción de un Estado fuerte

El jefe de Estado admitió que la estructura actual no responde con eficacia a las crisis sociales. "Los hombres y mujeres que estamos convencidos de esta democracia tenemos que construir un Estado fuerte; hoy día tenemos un Estado débil", afirmó Paz. Según el mandatario, el objetivo es consolidar una institucionalidad que aplique la norma con rigor, pero ajustada a los principios democráticos vigentes en nuestro país.

Paz advirtió además sobre los riesgos de utilizar la conflictividad social como un argumento para interrumpir mandatos constitucionales. En su análisis, el uso político de las protestas para buscar la destitución de un gobierno electo representa una amenaza para la estabilidad de las instituciones públicas.

Impacto de los bloqueos y respuesta legislativa

La situación en las carreteras ha generado consecuencias fatales. Esta semana se registraron tres muertes de personas que no lograron llegar a centros médicos debido a los cortes de ruta. Pese a que la Constitución Política del Estado establece la obligación de garantizar la libre circulación, la Policía no ha intervenido los puntos de bloqueo para liberar a choferes y pasajeros varados.

Ante la persistencia de las medidas de presión, diversos legisladores retomaron el debate sobre una ley antibloqueos. La propuesta busca establecer sanciones drásticas contra dirigentes y participantes de las tomas de vías. Por su parte, nuestras autoridades de Gobierno sostuvieron que continuarán priorizando el diálogo como vía de solución, evitando por el momento el uso de la fuerza pública para despejar las vías estratégicas del país.