Justicia absuelve a doce comunarios de Tariquía acusados por YPFB y Petrobras

El Tribunal Primero de Sentencia Mixto de la localidad de Entre Ríos dictó el martes una sentencia absolutoria en favor de doce pobladores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Los comunarios enfrentaban cargos por presuntos delitos de atentado contra la libertad de trabajo e impedir el ejercicio de funciones públicas, tras una denuncia presentada inicialmente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la que posteriormente se adhirió la empresa brasileña Petrobras.

La resolución judicial se conoció cerca de la medianoche, tras una audiencia que se extendió por más de 12 horas. El tribunal determinó que no existían elementos de prueba suficientes para sustentar las acusaciones del Ministerio Público y de las empresas estatales y privadas involucradas en el proyecto exploratorio en la zona.

Roger Ibarra, abogado defensor de ocho de los procesados, explicó que la Fiscalía Departamental de Tarija no logró demostrar la culpabilidad de sus defendidos durante el juicio oral. Según el jurista, la acusación se basó en informes policiales y testimonios que resultaron insuficientes o contradictorios ante los jueces.

"La Fiscalía no pudo probar nada, pese a presentar pruebas documentales, informes policiales y testificales", señaló Ibarra. El abogado detalló que, de una lista de 18 testigos programados, solo se presentaron cuatro, quienes incurrieron en contradicciones sobre las fechas y las circunstancias de las supuestas agresiones verbales y físicas contra el personal de la estatal petrolera.

Resistencia al proyecto Domo Oso X3

El proceso penal contra los habitantes de Tariquía se originó en el contexto de la resistencia social al ingreso de maquinaria pesada y personal técnico a la comunidad de Saicán. En este sector se localiza el proyecto exploratorio Domo Oso X3, una iniciativa hidrocarburífera que, según los informes oficiales, se encuentra a 1,5 kilómetros de los límites de la reserva nacional.

Los pobladores de la zona han mantenido una postura crítica frente a la actividad extractiva, bajo el argumento de que las operaciones petroleras podrían afectar el ecosistema y las fuentes de agua de la región. Esta oposición derivó en bloqueos y movilizaciones que las autoridades y las empresas denunciantes calificaron en su momento como actos ilegales que impedían el desarrollo de las labores estatales.

La senadora Marcela Guerrero destacó el fallo del tribunal y consideró que la decisión judicial representa un acto de justicia para quienes calificó como defensores de la reserva. Guerrero subrayó que el equipo legal, compuesto por cuatro juristas, logró desvirtuar los cargos en una jornada procesal que calificó de maratónica.

Tras la lectura de la sentencia, los doce acusados recibieron la noticia entre muestras de alivio en la sala judicial. El fallo de primera instancia cierra una etapa crítica para los dirigentes y comunarios, aunque el Ministerio Público y las empresas querellantes mantienen la facultad de apelar la decisión ante instancias superiores.

El conflicto en Tariquía permanece como uno de los puntos de tensión entre la política de expansión de la frontera hidrocarburífera del gobierno y las organizaciones locales que exigen el cumplimiento de normativas ambientales y procesos de consulta previa en áreas protegidas o zonas de influencia directa.