Persisten los bloqueos en el norte de La Paz pese al acuerdo firmado

El gobierno boliviano y dirigentes de organizaciones sociales y transportistas de Nor Yungas suscribieron la noche del sábado un acuerdo de 10 puntos para levantar los bloqueos en la ruta hacia el norte de La Paz y el departamento de Beni. Pese a la firma del documento, el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que hasta la mañana de este domingo las medidas de presión persistían en al menos nueve puntos estratégicos de la región.

El convenio, firmado en la sede de gobierno, establece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitará a partir del lunes una oficina técnica en Caranavi. Esta unidad tendrá la función de gestionar los trámites de resarcimiento para los propietarios de vehículos afectados por el uso de gasolina en mal estado, una de las principales demandas de los movilizados.

Compromisos sobre combustibles e infraestructura

El documento fue suscrito por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, junto a representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la ABC y YPFB. Por la parte civil, firmaron dirigentes del transporte del Norte Amazónico, productores agropecuarios, comunidades interculturales y gremiales de Caranavi. Entre los puntos acordados, se garantiza que la estación de servicio de Caranavi operará las 24 horas para normalizar el abastecimiento.

En materia de infraestructura, las autoridades se comprometieron a ejecutar un plan de emergencia para el mantenimiento del tramo Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. El acuerdo también prevé trabajos de conservación vial en rutas estratégicas del Norte Amazónico para asegurar la conectividad entre los departamentos de La Paz y Beni.

Conflictos paralelos y demandas políticas

Aunque los sectores de Nor Yungas instruyeron el cese de las movilizaciones tras la firma, la red vial fundamental todavía registra interrupciones. De los 18 puntos de bloqueo contabilizados inicialmente en el país, la mitad permanece activa. Estos cortes son impulsados principalmente por la Federación Departamental de Campesinos, un sector que mantiene demandas distintas a las de los transportistas de Caranavi.

La organización campesina rechaza la Ley 1720 de reconversión de tierras y denuncia deficiencias en el suministro de hidrocarburos. En las últimas jornadas, este sector radicalizó su postura al incluir en su pliego petitorio la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Como respuesta institucional, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado el proyecto de ley para abrogar la norma cuestionada y remitió el documento a la Cámara de Senadores para su revisión.

El restablecimiento pleno de la circulación hacia el norte del país depende ahora de la desmovilización efectiva de los grupos locales en Caranavi y de la resolución del conflicto con la federación campesina, que mantiene cercadas otras rutas departamentales.