Auditorías en AEVivienda detectan obras inexistentes y cobros irregulares en proyectos estatales

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) inició una serie de auditorías internas tras identificar graves irregularidades en los proyectos ejecutados durante la gestión 2025, que incluyen obras inexistentes, construcciones con deficiencias técnicas y cobros indebidos a los beneficiarios. El director de la entidad, Jorge Eduardo Méndez, confirmó que las anomalías responden a una falta sistemática de control por parte de inspectores, supervisores y fiscales encargados de fiscalizar la inversión pública en soluciones habitacionales en el país.

Fallas en la fiscalización y ejecución

Los hallazgos presentados durante la Rendición Pública de Cuentas revelaron que diversos proyectos habitacionales presentan fallas estructurales que comprometen la calidad de vida de las familias adjudicadas. Según Méndez, la ausencia de una supervisión rigurosa permitió que empresas contratistas entregaran viviendas con materiales de baja calidad o, en los casos más críticos, que se reportaran como concluidas obras que nunca se iniciaron. El director señaló que la institución no encubrirá errores de gestiones pasadas y que el objetivo actual es transparentar el uso de los recursos del Estado.

Además de las deficiencias físicas en las obras, la administración detectó mecanismos de extorsión y cobros irregulares dirigidos a los ciudadanos que aspiran a ser beneficiarios del Programa de Vivienda Social. Estas prácticas, que vulneran el carácter social del proyecto, son actualmente objeto de una investigación legal para determinar la responsabilidad de funcionarios y gestores externos involucrados en la cadena de adjudicación.

Instrucciones del Ejecutivo

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, instruyó a la dirección de AEVivienda reforzar la eficiencia en la ejecución presupuestaria y modernizar los sistemas de monitoreo. Zamora afirmó que la mejora de estos servicios es un eje central de la gestión del presidente Rodrigo Paz, orientada a restablecer la confianza ciudadana en las instituciones estatales. La autoridad enfatizó que la fiscalización debe ser preventiva para evitar que el presupuesto destinado a infraestructura social se pierda en procesos administrativos deficientes.

La modernización de los mecanismos de control interno incluye la digitalización de los reportes de avance de obra y una mayor rigurosidad en la selección de las empresas constructoras. Según el informe oficial, la entidad busca garantizar que cada unidad habitacional cumpla con los estándares técnicos mínimos antes de ser entregada. Las auditorías en curso determinarán el daño económico causado al Estado y establecerán las sanciones administrativas o penales correspondientes para los involucrados.

Impacto en la gestión pública

El proceso de saneamiento institucional en AEVivienda ocurre en un momento de reestructuración de las políticas de infraestructura. Las autoridades informaron que la transparencia en la información será la base para los nuevos proyectos que se licitarán en el transcurso del año. La entidad pretende implementar un sistema de denuncias anónimas para que los beneficiarios puedan reportar irregularidades sin temor a represalias o a perder su derecho a la vivienda.

El cierre de las auditorías preliminares se espera para el próximo trimestre, fecha en la que se presentará un informe detallado sobre el número total de viviendas afectadas y el monto recuperable de las garantías de cumplimiento de contrato. Por ahora, la prioridad del gobierno es asegurar que las familias afectadas por construcciones deficientes reciban las reparaciones necesarias bajo la supervisión de nuevos equipos técnicos.