Política
Candidatos presidenciales proponen visiones opuestas sobre la cooperación antidrogas y la presencia del PCC
En medio de la creciente preocupación por la presencia del cartel brasileño PCC, los candidatos presidenciales debaten el retorno de la DEA y la estrategia de cooperación internacional para combatir el narcotráfico, mientras el gobierno actual es criticado por su respuesta.
Puntos clave de la noticia:
- La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
- Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
- El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.
La creciente influencia del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, en territorio boliviano ha posicionado la lucha contra el narcotráfico como un eje central del debate presidencial. Los principales candidatos han presentado propuestas divergentes sobre la cooperación internacional, reavivando la discusión sobre el papel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el país.
El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, sostuvo desde Santa Cruz que la DEA “nunca se fue” de Bolivia y propuso que, de llegar al gobierno, la cooperación internacional se gestione bajo el marco de las Naciones Unidas. “La lucha contra delitos como trata de personas, financiamiento ilegal y narcotráfico debe hacerse con todos los organismos internacionales”, afirmó, sugiriendo la inclusión de agencias de Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia en un esfuerzo coordinado.
Esta posición contrasta con la de su rival, Jorge Quiroga, quien ha manifestado su intención de gestionar el retorno formal de la DEA y priorizar el apoyo de la Policía Federal de Brasil para desarticular las operaciones del PCC en el país.
Un debate con historia
El rol de la agencia estadounidense es un tema sensible en la política boliviana. En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó a la DEA, acusándola de injerencia política y de respaldar un presunto intento de golpe de Estado durante las protestas cívicas de ese año. Documentos diplomáticos, posteriormente filtrados, sugirieron que la decisión también pudo estar motivada por la percepción del exmandatario de ser vigilado por la agencia.
La postura del Gobierno actual
La discusión electoral se produce en un momento de críticas hacia la administración del presidente Luis Arce. Tras un informe de la cadena brasileña O Globo que reveló la presencia en Santa Cruz de un líder del PCC, Sérgio Luiz de Freitas Filho, el mandatario afirmó que en Bolivia “no hay presencia de cárteles”, sino “emisarios que vienen permanentemente promocionando el negocio”.
Esta declaración fue cuestionada por analistas como el abogado Jorge Santistevan, quien lamentó que el Gobierno minimice la magnitud del problema. “Imagínense decir emisario a esa gente que maneja corporaciones inmensas del narcotráfico”, señaló. La preocupación se ve reforzada por datos de la Fiscalía de Brasil, que a finales de julio identificó la presencia de al menos 174 miembros del PCC en Bolivia, dedicados principalmente al tráfico de armas y a la logística para la exportación de cocaína.
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