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Municipalidad de Lima contrata abogados para impugnar decisión del órgano electoral peruano

La administración municipal de Lima inició acciones legales ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para revertir el rechazo a elecciones complementarias. El Jurado Nacional de Elecciones declaró inviable el pedido al no estar contemplado en la legislación vigente.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirige al público en un podio, abordando la controversia sobre la solicitud de nuevas elecciones complementarias. (Foto: Facebook / Renzo Reggiardo)

Puntos clave de la noticia:

  • La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
  • Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
  • El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima contrató a dos abogados para impugnar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, que declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias en la capital peruana. La medida legal busca revertir el fallo del organismo electoral tras las irregularidades denunciadas por el partido Renovación Popular durante la jornada de votación del 12 de abril.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó el lunes que la defensa legal de la comuna estará a cargo de Hans Caiazza, presidente del directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, y Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del Tribunal Constitucional. Según explicó el funcionario en conferencia de prensa, Caiazza liderará el recurso ante el Poder Judicial, mientras que Eto Cruz encabezará una acción competencial ante el Tribunal Constitucional.

Estrategia legal y transparencia

En la estrategia jurídica también participa el abogado Wilber Medina, quien representa al líder político Rafael López Aliaga y a la municipalidad en otros procesos. Reggiardo confirmó que Medina lo acompañó ante el 11° Juzgado Especializado en lo Constitucional para solicitar la admisibilidad del recurso. El alcalde sostuvo que estas acciones se realizan en defensa de los intereses de los ciudadanos y no de intereses particulares.

Al ser consultado sobre el costo de estos servicios legales para el erario público, Reggiardo evitó precisar las cifras. El alcalde señaló que los honorarios se establecerán bajo los mecanismos correspondientes y que la información se entregará en su momento. "Son abogados de la municipalidad y están defendiendo los intereses de los vecinos", afirmó el funcionario para justificar el uso de recursos institucionales en el litigio electoral.

El origen del conflicto electoral

La controversia inició tras el retraso en la apertura de centros de votación en Lima debido a la demora en la entrega de material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). López Aliaga, quien se encuentra fuera de la segunda vuelta presidencial por un margen estrecho de votos, denunció un presunto fraude y solicitó repetir los comicios en la capital peruana.

El JNE rechazó la solicitud de forma unánime la semana pasada. El organismo argumentó que las elecciones complementarias no están previstas en la normativa vigente para este tipo de situaciones y que el proceso electoral todavía no ha concluido. Actualmente, las autoridades electorales peruanas mantienen en revisión más de 4.000 actas antes de proclamar resultados definitivos.

Reggiardo insistió en que la gestión municipal busca proteger el derecho al voto de una cifra de ciudadanos que oscila entre 600.000 y 1,2 millones de personas, basándose en las contradicciones que, según su postura, ha mostrado el jurado electoral. El desenlace de esta disputa legal dependerá ahora de la admisión de los recursos en las instancias judiciales y constitucionales de Perú.