Tribunal de Bogotá condena a implicados en disturbios por nexos con las Farc

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que los disturbios registrados en Colombia durante las protestas de 2021 no fueron exclusivamente manifestaciones ciudadanas espontáneas, sino que respondieron a una estructura organizada con vínculos directos con las disidencias de las Farc. La Sala Penal del tribunal estableció que existió una coordinación operativa entre manifestantes y el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez para ejecutar actos de violencia en la capital colombiana.

Vínculos con grupos armados y reclutamiento

La sentencia, redactada por el magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, señala que varios de los procesados mantuvieron comunicaciones constantes con integrantes de estructuras guerrilleras. Según el expediente judicial, esta relación no fue circunstancial, sino que implicó la recepción de instrucciones precisas para fortalecer redes de apoyo y extender la influencia del grupo armado en entornos universitarios, tanto públicos como privados de Bogotá.

La investigación judicial reveló que la organización utilizaba plataformas de mensajería instantánea para planificar movimientos y distribuir tareas. El tribunal identificó grupos de WhatsApp nombrados según corredores viales estratégicos de la ciudad, como "Américas", "Carrera Séptima" y "Autonorte". A través de estos canales, se impartían órdenes para realizar bloqueos y ataques contra bienes públicos, incluyendo buses del sistema de transporte masivo y establecimientos comerciales.

Estructura de mando y planificación

Para los magistrados, las pruebas recolectadas, que incluyen interceptaciones telefónicas y seguimientos, demuestran la existencia de una cadena de mando definida. El fallo sostiene que los hechos violentos no fueron actos aislados, sino que respondieron a una lógica de organización estructurada con roles específicos y niveles de liderazgo que recibían respaldo de mandos superiores externos.

El tribunal enfatizó que la evidencia permite establecer patrones de coordinación y una lógica territorial en la ejecución de las acciones que afectaron la movilidad y la seguridad de Bogotá. Las autoridades judiciales destacaron que el material probatorio es sólido al demostrar que los implicados actuaron bajo una planificación previa y no como parte de un descontento social desarticulado.

Condenas y sanciones económicas

Como resultado del proceso judicial, el tribunal condenó a tres de los principales implicados a 19 años de prisión por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Una cuarta persona fue sentenciada a 10 años de cárcel por su participación en los hechos investigados.

Además de las penas privativas de libertad, la sentencia impuso multas que superan los 1.000 millones de pesos colombianos. De acuerdo con el fallo, este monto busca resarcir parcialmente los daños ocasionados a la infraestructura pública y privada durante las jornadas de protesta. La decisión judicial marca un precedente en la interpretación legal de los eventos ocurridos durante el denominado estallido social en Colombia, al vincular formalmente sectores de la protesta con grupos armados ilegales.