Colombia y disidencias de Walter Mendoza reanudan diálogos tras crisis por ataques

El Gobierno de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) anunciaron el reinicio de sus diálogos de paz tras una suspensión motivada por ataques armados y desacuerdos sobre la erradicación de cultivos de coca, según informaron ambas delegaciones en un comunicado conjunto emitido el 26 de abril en Puerto Asís, Putumayo.

La mesa de negociación retomará sus actividades con el compromiso del grupo guerrillero, liderado por José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza, de cesar las acciones ofensivas contra la fuerza pública. Esta facción, que se separó de la Segunda Marquetalia, aceptó la responsabilidad por un ataque con drones ocurrido el 19 de abril en Ipiales, Nariño, donde murieron tres soldados, y por el uso de minas antipersonal que causaron heridas a tres menores de edad.

Compromisos humanitarios y desminado

En el documento oficial, la CNEB ratificó su intención de no planear ni ejecutar operaciones contra el Ejército y la Policía, incluyendo el uso de aeronaves no tripuladas. La organización armada también se comprometió a acatar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a respetar los derechos humanos en sus zonas de influencia.

Como prioridad inmediata, las partes acordaron acelerar medidas de reparación temprana para las víctimas. Entre las acciones principales destaca la georreferenciación de áreas con artefactos explosivos para facilitar las labores de desminado humanitario. Esta medida busca reducir el impacto sobre la población civil en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, regiones que han registrado una escalada de violencia reciente.

"Hacemos un llamado a los responsables de estos hechos, independiente de donde provengan, a acatar el DIH y a dejar por fuera de cualquier confrontación armada a la población civil", señala el comunicado firmado por los representantes del Ejecutivo y del grupo armado.

Puntos pendientes en la negociación

La crisis previa en la mesa de diálogo surgió cuando el Gobierno de Colombia propuso que la disidencia aportara recursos económicos para la erradicación de cultivos de coca. El nuevo acuerdo no detalla si se alcanzó un consenso sobre este financiamiento o si la organización asumirá una responsabilidad directa en la sustitución de cultivos ilícitos.

El octavo ciclo de diálogos está programado para la primera semana de junio de 2026. En este encuentro, los negociadores deberán abordar los aspectos técnicos de la financiación de la erradicación y establecer mecanismos de verificación para el cumplimiento de las normas humanitarias por parte de las estructuras bajo el mando de Mendoza. El proceso continúa bajo la supervisión de la Consejería del Comisionado de Paz, en un intento por estabilizar las zonas rurales más afectadas por el conflicto interno colombiano.