Sectores productivos alertan sobre riesgo de quiebra y desempleo por bloqueos

Los bloqueos de carreteras en nuestro país han comenzado a generar una crisis de liquidez que amenaza la estabilidad del aparato productivo nacional. Representantes de gremiales, transportistas, microempresarios e industriales advirtieron que el impacto de las movilizaciones trasciende lo logístico, situando a miles de unidades económicas ante el riesgo de quiebra, el incumplimiento de pagos y la pérdida masiva de empleos.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó que la paralización afecta a más de 13.000 industrias y 150.000 trabajadores del sector en Bolivia. Ante este escenario, el sector privado demanda al gobierno un plan de emergencia que incluya un diferimiento de impuestos, créditos y aportes sociales por al menos 90 días, además del pago de servicios básicos por consumo real y no por potencia contratada.

Impacto en el crecimiento y las exportaciones

La parálisis logística tiene un efecto directo en las proyecciones macroeconómicas. Según datos de la CNI, los 25 días de interrupción del tránsito representan una pérdida de 428 millones de dólares en valor agregado. En nuestra economía paceña, esto equivale a 17 millones de dólares que dejan de circular diariamente. A nivel nacional, la interrupción de las exportaciones de minerales, textiles y manufacturas genera una pérdida de cinco millones de dólares por jornada.

La institución advirtió que estas cifras podrían profundizar el deterioro del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras el Fondo Monetario Internacional proyectaba una caída del -3,3% para 2026, la persistencia de los conflictos sociales podría llevar este indicador cerca del -3,8%. "Más allá de la solución política y social que atraviesa La Paz y Bolivia, se requieren dos planes concretos, uno inmediato coyuntural y otro integral-estructural", afirmó Morales.

Crisis en el comercio minorista y el transporte

La situación es crítica para quienes dependen del ingreso diario. Javier Aranda, secretario general de la confederación nacional de gremiales por cuenta propia, alertó que ocho de cada diez negocios en las ciudades de La Paz y El Alto han cerrado sus puertas. El dirigente señaló que el incremento en el costo de los alimentos y la falta de ventas impiden que muchas familias cubran sus necesidades básicas.

Por su parte, el sector del transporte enfrenta una doble presión por los bloqueos y la escasez de combustible. Limbert Tancara, dirigente de la Federación del Transporte Libre de La Paz, explicó que los conductores pasan días en filas en los surtidores sin éxito. Tancara cuestionó la falta de aplicación de las medidas de alivio financiero mencionadas inicialmente por las autoridades nacionales y solicitó un decreto supremo que otorgue seis meses de gracia en los créditos bancarios.

Debate sobre el alivio financiero

Expertos analizan la viabilidad de las medidas solicitadas sin comprometer la estabilidad del sistema financiero. El economista Germán Molina señaló que el país atraviesa un ajuste forzado donde todos los actores han reducido gastos para sobrevivir. Molina advirtió que un diferimiento generalizado podría generar desequilibrios, por lo que sugirió optar por reprogramaciones o refinanciamientos —ajustes en las condiciones originales del préstamo para facilitar el pago— de forma individualizada.

El economista Rubén Arias coincidió en que la prioridad debe ser proteger a las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 90% del tejido empresarial en nuestro país. Arias subrayó que la ruptura de las cadenas de pago, provocada por factores ajenos a la gestión empresarial, requiere decisiones rápidas para evitar que la mora bancaria se dispare y se consolide el cierre definitivo de unidades productivas.