Minería asegura que acuerdos con cooperativistas respetan derechos indígenas y normas ambientales

El Ministerio de Minería y Metalurgia informó este sábado que los acuerdos suscritos con el sector cooperativista minero no vulneran los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos ni modifican las obligaciones ambientales vigentes en nuestro país. La aclaración surge tras la difusión de versiones que, según la institución, generan desinformación sobre el alcance de estos convenios.

A través de un comunicado oficial, el ministerio reafirmó que la consulta previa, libre e informada continúa plenamente vigente para cualquier proyecto extractivo. Este mecanismo legal está reconocido por la Constitución Política del Estado y la Ley 535 de Minería y Metalurgia, por lo que su aplicación es obligatoria antes del inicio de operaciones que afecten a territorios indígenas.

Vigencia de la normativa ambiental

Respecto a la protección del entorno natural, las autoridades explicaron que todas las actividades mineras en Bolivia deben cumplir con los procedimientos y controles establecidos en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM). El cumplimiento de estas disposiciones sigue siendo un requisito indispensable para el desarrollo de operaciones en territorio nacional, independientemente de los acuerdos sectoriales alcanzados.

El ministerio detalló que los compromisos asumidos con los cooperativistas no implican una flexibilización de los estándares de fiscalización. Según el documento, la normativa ambiental rige para todos los actores del sector sin excepciones, manteniendo la obligatoriedad de las licencias y los planes de mitigación de impacto en las zonas de explotación.

Compromiso institucional

La cartera de Estado subrayó su compromiso con la aplicación de la legislación minera vigente y el respeto a las estructuras organizativas de los pueblos indígenas. En este sentido, las autoridades señalaron que la gestión del sector busca equilibrar el desarrollo económico de la minería con la preservación de los recursos naturales y los derechos colectivos.

Finalmente, el gobierno nacional ratificó que las instancias de control ambiental mantendrán sus facultades de inspección y sanción. El objetivo, según el comunicado, es garantizar que la actividad de las cooperativas se enmarque en los límites legales que protegen el patrimonio ecológico de nuestro país y la autodeterminación de las comunidades rurales.