El Gobierno dispone la reprogramación de créditos por afectaciones de los bloqueos

El gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5630, una normativa que obliga a las entidades financieras en nuestro país a reprogramar y refinanciar los créditos de personas y empresas cuyas actividades económicas resultaron afectadas por los bloqueos de carreteras y otros conflictos sociales recientes.

La medida establece que los bancos deben recibir y evaluar las solicitudes de los prestatarios que demuestren una disminución en sus ingresos. Entre los beneficios contemplados figuran periodos de gracia de hasta seis meses, la ampliación de los plazos de pago y el ajuste de las cuotas, sin que estas modificaciones impliquen una degradación automática en la calificación de riesgo del cliente.

Tras la publicación de la norma, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) confirmó que sus entidades afiliadas darán cumplimiento al decreto. Sin embargo, la organización enfatizó que el alivio financiero se aplicará bajo una evaluación individual de cada caso, considerando la situación particular de cada deudor y la preservación de los ahorros del público.

"El sistema bancario viene aplicando mecanismos de apoyo como reprogramaciones y refinanciamientos desde años anteriores, especialmente desde la pandemia", señaló la entidad gremial en un comunicado, donde también expresó su solidaridad con los sectores productivos afectados por la falta de transitabilidad en las rutas nacionales.

El procedimiento definido por el Ejecutivo dispone que el trámite debe ser iniciado de forma voluntaria por el cliente. Mientras la solicitud esté en proceso de evaluación, los bancos tienen prohibido modificar el estado de la obligación o ejecutar cobros adicionales. Además, los costos administrativos que surjan de la modificación de los contratos de préstamo deberán ser asumidos íntegramente por las instituciones financieras.

La economía en Bolivia atraviesa un periodo de alta presión debido a la interrupción de las cadenas de suministro, lo que ha generado pérdidas millonarias en el transporte, el comercio y la industria agropecuaria. Con esta disposición, las autoridades buscan evitar un incremento acelerado de la mora bancaria y contener el deterioro de la cartera crediticia del sistema financiero nacional.

Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en procesos similares anteriores, el 72% de las solicitudes de reprogramación fueron aprobadas por la banca, aunque el índice de mora ha registrado incrementos superiores al 50% en los sectores más expuestos a la inestabilidad social.