La caída de la renta petrolera asfixia las finanzas de las gobernaciones

El gobierno y los gobernadores electos iniciaron un proceso de evaluación financiera ante la caída crítica de los ingresos departamentales, que registraron una reducción de hasta el 75% en la renta petrolera entre 2014 y las proyecciones para 2026. Esta contracción, informada por el Servicio Estatal de Autonomías tras una reunión con el presidente Rodrigo Paz, limita la capacidad de gestión regional y compromete el financiamiento de servicios básicos y proyectos de inversión.

La situación fiscal de los departamentos refleja un quiebre estructural iniciado hace una década. Según datos oficiales, la disminución de los precios internacionales y la caída en los volúmenes de exportación de gas afectaron directamente las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). "Los gobiernos autónomos departamentales tienen una base para poder generar ingresos propios bastante reducida", señaló Alfonso Lema, director del Servicio Estatal de Autonomías, al explicar la alta dependencia de las transferencias del nivel central.

Dependencia y disparidad regional

Un diagnóstico del Centro de Estudios Populi revela que entre el 90% y el 99% de los recursos de las gobernaciones provienen de transferencias estatales. El caso de Tarija es el más crítico: su ingreso fiscal per cápita se desplomó de Bs 9.001 en 2014 a Bs 1.352 proyectados para el próximo año, lo que representa una contracción del 85%. Sus regalías hidrocarburíferas pasaron de Bs 3.780 millones a solo Bs 254,8 millones en el mismo periodo.

En Santa Cruz, el ingreso por habitante cayó un 28,2%, situándose en Bs 571 para 2025. Pese a su dinamismo económico, la gobernación cruceña depende en un 94,6% de los recursos nacionales. Otros departamentos como Pando y Beni presentan escenarios similares, con dependencias que superan el 97% y recursos propios que apenas alcanzan los Bs 17 y Bs 25 por habitante, respectivamente. Potosí y La Paz muestran una leve mejora relativa debido a la actividad minera, aunque mantienen una estructura de ingresos subordinada a las decisiones del Tesoro General de la Nación.

Recursos condicionados y competencias delegadas

La crisis se agrava porque gran parte de los presupuestos departamentales no son de libre disponibilidad. La normativa vigente obliga a destinar porcentajes fijos a la Renta Dignidad, seguridad ciudadana y fondos de educación. Además, la Ley Marco de Autonomías restringe el gasto de funcionamiento al 15% de los ingresos por regalías e impuestos especiales, obligando a destinar el 85% restante a inversión pública, incluso cuando los ingresos totales han disminuido.

"Los gobernadores tenemos que solucionar los problemas estructurales del día a día y con este presupuesto es inviable", afirmó Juan Pablo Velasco, gobernador electo de Santa Cruz. Por su parte, Luis Ayllón, gobernador electo, solicitó que se libere a las regiones de cargas financieras como el pago de prediarios en cárceles y bonos de vacunación, tareas que consideran deberían ser asumidas plenamente por el nivel central.

Deuda y mesas técnicas

Ante la falta de liquidez, la reprogramación de deudas se ha convertido en la prioridad de las nuevas autoridades. Al 28 de febrero, las nueve gobernaciones acumulaban una deuda flotante de Bs 49,5 millones. Los gobernadores electos ya recibieron los estados financieros de sus distritos por parte del Ministerio de Economía para iniciar el análisis de sostenibilidad.

El Poder Ejecutivo y las autoridades departamentales acordaron instalar mesas técnicas una vez que los gobernadores asuman sus cargos de manera oficial. El objetivo será buscar mecanismos de alivio financiero y discutir una redistribución de competencias que permita a las regiones enfrentar la gestión con recursos que actualmente se encuentran comprometidos en obligaciones nacionales.