Gremiales y médicos exigen el fin de los bloqueos en La Paz

La ciudad de La Paz cumplió este miércoles 40 días de protestas y 36 jornadas consecutivas de bloqueos de carreteras, una situación que mantiene a la sede de gobierno bajo un cerco que impide el abastecimiento regular de alimentos y paraliza la actividad económica. Ante el agravamiento de la crisis, miles de gremiales, cuentapropistas y microempresarios se movilizaron ayer para exigir el cese de las medidas de presión lideradas por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos campesinos.

La movilización de los sectores comerciales en nuestra ciudad surge como respuesta a una asfixia económica que afecta principalmente a quienes dependen del ingreso diario. Mercedes Quisbert, dirigente del sector gremial, señaló que al menos el 80% de sus afiliados se encuentra paralizado y advirtió sobre la precariedad alimentaria que ya enfrentan diversas familias debido a la falta de actividad productiva.

"Nuestra consigna es paz para La Paz, basta de bloqueos. Esto ya es demasiado, déjennos trabajar porque nosotros vivimos del día a día", afirmó Quisbert durante la protesta, en la que también se demandó al gobierno nacional soluciones inmediatas para restablecer el tránsito en las rutas del país.

El impacto de los cortes de vías se extiende más allá de nuestra región. En Trinidad, el presidente de la Federación de Gremiales del Beni, Gustavo Porco, denunció que los productos no logran llegar a sus destinos y que gran parte de la mercadería perecedera se pierde en los puntos de bloqueo, lo que genera pérdidas económicas irreversibles para el comercio regional.

La crisis ha alcanzado niveles críticos en el sistema de salud. A pesar de los anuncios sobre corredores humanitarios, los hospitales enfrentan dificultades severas para el suministro de oxígeno, medicamentos e insumos básicos. Esta situación motivó al Colegio Médico de La Paz a anunciar la preparación de una demanda penal contra los dirigentes de la COB y de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari.

Los representantes del sector médico sostienen que el impedimento al paso de ambulancias y suministros vitales constituye una amenaza directa contra la vida de los pacientes. Según la institución, el conflicto ha trascendido la demanda social para convertirse en una crisis humanitaria que requiere la intervención de las autoridades judiciales para garantizar el derecho a la salud en el país.