La Fiscalía investiga a Leonardo Loza por usar una ambulancia para evadir bloqueos

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este martes la existencia de una denuncia penal contra el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, por el presunto uso indebido de una ambulancia para trasladarse al municipio de Villa Tunari durante los bloqueos de carreteras que afectan a esa región de nuestro país.

“Tenemos información de denuncias que hay contra el gobernador, como tambión del gobernador contra otra persona. No quiero anticiparme, eso es un trabajo netamente de los señores fiscales analistas”, afirmó Mariaca. La autoridad explicó que la Fiscalía Departamental de Cochabamba será la encargada de brindar los detalles oficiales sobre el avance del proceso en las próximas horas.

La acción legal fue interpuesta por la asambleísta departamental Claudia Martínez, quien acusa a la autoridad regional por el delito de uso indebido de bienes del Estado. La denuncia se sustenta en el artículo 24 de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

La controversia surgió luego de que la propia Gobernación de Cochabamba admitiera el hecho. El vocero de la institución, Sergio de la Zerda, confirmó que Loza utilizó un vehículo de emergencia perteneciente a la Alcaldía de Villa Tunari para completar su viaje hacia el Trópico cochabambino. Según la versión oficial, el traslado tenía como fin participar en los actos por el 56 aniversario de dicho municipio y realizar gestiones orientadas al diálogo.

Martínez señaló que el ilícito ya fue reconocido públicamente por los colaboradores del gobernador y adelantó que la denuncia podría ampliarse al delito de tráfico de influencias, dependiendo de los hallazgos que arroje la etapa de investigación preliminar en el Ministerio Público.

El caso genera un precedente sobre el uso de recursos logísticos de salud para fines de movilidad oficial en situaciones de conflicto social. Se espera que en los próximos días la comisión de fiscales analistas determine si existen elementos suficientes para emitir una imputación formal contra el gobernador.