Alcalde de San Julián pasa a la clandestinidad tras violentos enfrentamientos

La crisis en el municipio de San Julián escaló este martes tras el fallido operativo de desbloqueo del pasado fin de semana, que dejó al alcalde de la localidad en la clandestinidad y a dos personas con detención preventiva en la cárcel de Palmasola. El repliegue de las fuerzas del orden, tras enfrentamientos que incluyeron el uso de armas de fuego, ha dejado a esta región de nuestro país sin presencia policial ni municipal.

El alcalde de San Julián, Carlos Vaca, confirmó que abandonó el municipio junto a su familia luego de que grupos violentos saquearan su vivienda y atacaran otras propiedades privadas. La autoridad edil explicó que la turba reaccionó de forma violenta contra quienes supuestamente promovieron el levantamiento de los bloqueos. "Yo ahorita estoy en la clandestinidad hasta que se apacigüen los ánimos. Se entraron a mi domicilio y lo saquearon", señaló Vaca, quien calificó el operativo gubernamental como una acción mal ejecutada de la que no fue informado previamente.

Los enfrentamientos del sábado pasado resultaron en un saldo de seis policías heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, y 26 civiles lesionados. Según el reporte oficial, los manifestantes utilizaron piedras, explosivos y armas de fuego para repeler a los uniformados. Tras la retirada de la Policía, las instalaciones de la estación policial local fueron vandalizadas y despojadas de mobiliario, consolidando un vacío de autoridad en la zona.

En el ámbito judicial, el Ministerio Público presentó una imputación formal contra cinco hombres aprehendidos durante los disturbios. La justicia determinó la detención preventiva por 180 días para dos de los imputados, mientras que los otros tres recibieron medidas sustitutivas. Los cargos incluyen delitos graves como terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa y atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado.

La situación ha generado repercusiones institucionales en el departamento. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para investigar la presencia de grupos armados. El memorial solicita determinar si existió una estructura de mando y organización previa detrás de los ataques contra los efectivos policiales.

Por su parte, sectores cívicos y legisladores nacionales han advertido sobre la peligrosidad del conflicto debido al uso de armamento. El sector movilizado, en respuesta al intento de desbloqueo, ha reforzado los puntos de cierre y extendido las medidas de presión a rutas alternas, complicando el tránsito de suministros y pasajeros en el oriente de nuestro país. Se espera que en las próximas horas las autoridades nacionales definan nuevas acciones para restablecer el orden público en la región.