Policía de El Alto pide denunciar amenazas de dirigentes durante los bloqueos

El comandante regional de la Policía en El Alto, Fernando Rojas, instó este lunes a la ciudadanía a denunciar a los dirigentes que obligan a las bases a participar en marchas o bloqueos bajo amenazas de multas o represalias físicas. El pedido surge tras la difusión de reportes sobre el marcado de viviendas y agresiones contra quienes se niegan a sumarse a las movilizaciones en nuestro país.

Durante las últimas semanas de protesta, han circulado en redes sociales diversas denuncias sobre presuntas extorsiones y lo que algunos sectores denominan "dictadura sindical". Sin embargo, Rojas explicó que la institución no ha iniciado investigaciones de oficio debido a la falta de denuncias formales por estos hechos. "Nosotros hacemos un llamado a la población en general: si son víctimas de este tipo de audios o amenazas, tienen la obligación y el derecho de hacer conocer a la Policía para que podamos iniciar con las investigaciones", señaló el jefe policial.

Persistencia del conflicto y rechazo a las medidas

El departamento de La Paz cumple más de un mes de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz. Hasta el momento, el conflicto no muestra señales de solución. El gobierno ha reiterado que no atenderá demandas que considera inconstitucionales, mientras que los manifestantes mantienen la renuncia del jefe de Estado como su única condición para levantar las medidas de presión.

La prolongación de las protestas ha generado fisuras internas en las organizaciones sociales. En diversos distritos de nuestra ciudad, varios sectores han comenzado a cuestionar a sus representantes por tomar decisiones unilaterales sin consultar a las bases. Esta situación ha derivado en incidentes donde los propios vecinos se organizaron para retirar los puntos de bloqueo y liberar las vías tomadas por los manifestantes.

El comandante Rojas enfatizó que la denuncia es el mecanismo legal necesario para frenar el vandalismo y el amedrentamiento en los barrios. La Policía espera que el flujo de información permita identificar a los responsables de las amenazas para remitir los casos al Ministerio Público y garantizar el derecho a la libre circulación en las zonas afectadas.