Gobernación cruceña analiza convocar a Comisión Agraria tras nueva toma armada

La Gobernación de Santa Cruz anunció este lunes que analiza la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental y al Consejo de Seguridad Ciudadana para abordar la crisis de los avasallamientos en nuestro país. La medida surge tras una nueva incursión violenta en el predio productivo Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos, donde un grupo armado tomó las instalaciones por quinta vez consecutiva.

El vocero de la institución, Rolando Schrupp, informó que la invasión se registró el pasado viernes, cuando personas encapuchadas ingresaron por la fuerza a la propiedad. Según la autoridad, el objetivo de activar estos órganos es que el conflicto sea tratado bajo los mecanismos previstos por la ley y evitar que la inseguridad jurídica continúe afectando a las zonas productivas de nuestro departamento.

Un patrón de ocupación recurrente

La Gobernación identificó un patrón en estas acciones ilegales. Schrupp señaló que los grupos invasores suelen actuar en momentos de alta conflictividad social, como el actual escenario de bloqueos de carreteras en Bolivia, para facilitar la toma de predios agrícolas. "Este predio ha sido por quinta vez invadido por grupos que intentan actuar al margen de la ley", afirmó el vocero, quien recordó que existen tribunales agroambientales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para resolver controversias legales.

La preocupación institucional se centra en el riesgo que corre la producción agrícola. Actualmente, en Santa Rita existen aproximadamente 4.000 hectáreas sembradas con soya, maíz y sorgo correspondientes a la campaña de invierno. Las autoridades departamentales advirtieron que, en ocupaciones anteriores, los invasores procedieron a cosechar cultivos ajenos para beneficiarse económicamente del trabajo de los propietarios.

Defensa de la propiedad privada

Desde la administración departamental se descartó cualquier posibilidad de entablar un diálogo mientras persista la presión de la toma. Schrupp sostuvo que un acto ilícito no puede generar derechos y que la violencia no es una vía legítima para reclamar tierras. "No se puede negociar con grupos armados", sentenció la autoridad al ratificar que se busca el restablecimiento del Estado de derecho en la zona.

Aunque la Gobernación evitó confirmar la filiación de los responsables, instó a las instancias competentes a identificar a los participantes de la toma. Por su parte, el Viceministerio de Tierras también se comprometió a realizar gestiones para restablecer el orden legal en la propiedad afectada, mientras sectores productivos como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) insisten en la necesidad de reformas que garanticen la seguridad jurídica a largo plazo en el agro boliviano.