Gobierno y gremios periodísticos condenan agresiones a la prensa durante las protestas

El Gobierno nacional y las principales organizaciones periodísticas de nuestro país condenaron este martes la escalada de violencia contra trabajadores de la prensa registrada durante las recientes movilizaciones en La Paz y El Alto. Ante la gravedad de los ataques, la Oficina de la Presidencia anunció la implementación de mecanismos de protección coordinados con la Policía Boliviana para garantizar la seguridad de los reporteros en escenarios de alta conflictividad.

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo expresó su solidaridad con los periodistas agredidos y advirtió que los responsables están siendo identificados para ser procesados penalmente. "Las agresiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa afectan el derecho de la población a estar informada y dañan la convivencia democrática", señala el pronunciamiento de la Presidencia, que busca frenar las acciones de grupos que exigen la salida del Gobierno.

Respuesta gremial y defensa de la libertad de prensa

En una acción conjunta, ocho organizaciones del sector, incluyendo la Asociación de Periodistas de La Paz y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, emitieron una declaración de emergencia. Los dirigentes denunciaron que los ataques contra camarógrafos y periodistas representan un intento de imponer una "censura de facto" mediante la intimidación física en las calles.

El documento gremial sostiene que los saqueos, el uso de dinamita y las agresiones a civiles desbordan cualquier propósito de protesta social legítima. Según las organizaciones firmantes, entre las que también figuran la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y la Federación de Trabajadores de la Prensa de El Alto, estos hechos ponen en riesgo la institucionalidad democrática y la integridad física de quienes cubren los disturbios en nuestra ciudad.

Medidas judiciales y despliegue policial

Los disturbios del lunes dejaron un saldo de al menos 11 policías heridos, dos de ellos de gravedad, además de daños considerables a la infraestructura pública y privada. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que se iniciarán acciones legales no solo contra los autores materiales de los desmanes, sino también contra los dirigentes que promovieron la movilización.

Para prevenir nuevos incidentes, la Policía Boliviana desplegó a más de 2.500 efectivos en puntos estratégicos de La Paz y El Alto. Las autoridades de seguridad ciudadana ratificaron su compromiso de resguardar el trabajo periodístico, mientras que los gremios de la prensa se mantienen en alerta ante posibles nuevas agresiones en las próximas jornadas de protesta.