Esposas de policías piden estado de excepción ante el aumento de la violencia

La representación de las esposas de policías en nuestro país se declaró este martes en situación de emergencia ante el incremento de la conflictividad social y solicitó al Gobierno evaluar la declaratoria de estado de excepción. La medida surge tras una jornada de violencia en la sede de Gobierno que dejó un saldo de 11 efectivos heridos, dos de ellos de gravedad, durante enfrentamientos con manifestantes que intentaban ingresar a la Plaza Murillo.

Ruth Ajacopa, representante del sector, afirmó que existe una profunda preocupación entre las familias policiales por el riesgo que enfrentan los uniformados en las tareas de control del orden público. Según la dirigente, la capacidad operativa de la institución ha sido superada en varios puntos de bloqueo que continúan masificándose en distintas regiones de Bolivia.

Exigencias al Ejecutivo y situación de los heridos

El pronunciamiento del sector incluye la exigencia de una dotación inmediata de material e indumentaria para la Policía Boliviana. Ajacopa responsabilizó al expresidente Evo Morales por incentivar las movilizaciones y pidió acciones directas al mandatario actual. "Esperemos que este año el Estado, el presidente Rodrigo Paz, dicte un estado de excepción porque no queremos vivir más hechos sangrientos ni vandálicos", señaló la representante.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía en La Paz, Juan Amílcar Sotopeña, confirmó que los enfrentamientos en nuestra ciudad resultaron en lesiones severas para el contingente desplegado. El reporte médico detalla casos de traumatismo ocular, fractura maxilar y traumatismo craneoencefálico entre los uniformados que permanecen hospitalizados.

Los incidentes ocurrieron cuando marchas de protesta, que exigen la renuncia del presidente Paz, intentaron romper los cercos de seguridad en el centro paceño. La escalada de violencia derivó en daños a inmuebles públicos y privados, consolidando un escenario de tensión que, según las familias de los efectivos, requiere una intervención institucional más severa para garantizar la integridad física de quienes cumplen funciones de seguridad en el país.