Justicia dispone teletrabajo en La Paz tras jornada de violencia en el centro

El Consejo de la Magistratura dispuso que las actividades jurisdiccionales y administrativas en todo el Distrito Judicial de La Paz se desarrollen bajo la modalidad de teletrabajo este martes 19 de mayo. La medida, de carácter excepcional y temporal, alcanza a nuestra ciudad, El Alto y las provincias del departamento, con el objetivo de resguardar la integridad del personal y las instalaciones judiciales.

De acuerdo con el instructivo emitido por la institución, las audiencias programadas para esta jornada no serán suspendidas, sino que deberán realizarse mediante plataformas virtuales u otros mecanismos tecnológicos disponibles. Las autoridades judiciales y el personal de apoyo tienen la instrucción de coordinar cada despacho para garantizar la continuidad del servicio de justicia en nuestro país.

Atención en Derechos Reales y servicios urgentes

A pesar de la restricción general a la presencialidad, el Consejo de la Magistratura determinó que las oficinas de Derechos Reales, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y otros servicios judiciales mantengan la atención al público. Para ello, se dispuso el uso de personal designado de forma rotativa, según la determinación de sus responsables inmediatos.

El documento oficial subraya que el personal administrativo debe priorizar la atención de causas urgentes y actuaciones que requieran inmediatez. "Las oficinas deberán mantener atención presencial mediante personal designado de forma rotativa, considerando la naturaleza continua de atención y servicio a la ciudadanía", señala el instructivo de nuestras autoridades judiciales.

Contexto de conflictividad en la sede de Gobierno

La decisión de implementar el trabajo virtual surge tras una jornada de alta tensión en el centro paceño. El lunes, la ciudad registró más de cuatro horas de enfrentamientos entre efectivos de la Policía Boliviana y manifestantes que intentaban ingresar a la plaza Murillo. Durante los disturbios se reportaron detonaciones de dinamita, instalación de barricadas y denuncias de saqueos en zonas comerciales próximas a las sedes estatales.

Esta situación de inestabilidad también llevó al Ministerio de Salud a declarar un estado de emergencia para asegurar la atención médica ante lo que calificaron como una situación de convulsión social. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones contra un centenar de personas por diversos delitos relacionados con los bloqueos y los actos de violencia registrados en los últimos días en el territorio nacional.