Fiscalía procesa a cinco personas por destruir una patrulla en El Alto

La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación penal contra cinco hombres acusados de atacar y destruir un vehículo de la Policía Boliviana durante las recientes movilizaciones en la ciudad de El Alto. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó este viernes que los sospechosos enfrentan cargos por delitos que incluyen asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, en un contexto de creciente tensión social en nuestro país.

Los investigados fueron identificados como Miguel A. P. X., Juvenal C. S. M., Genaro C. M., Jaime O. C. y Huber V. C. S. Según el informe oficial, el grupo está acusado de participar en la destrucción de una radio patrulla que cumplía funciones de vigilancia. El Ministerio Público también incluyó en la imputación el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, debido a los daños materiales de consideración ocasionados al motorizado oficial.

El incidente en el Puente Río Seco

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo en las inmediaciones del Puente Río Seco. En ese sector de El Alto, un grupo de personas movilizadas interceptó una patrulla policial que intentaba resguardar la zona para garantizar la libre transitabilidad. Los agresores utilizaron piedras y objetos contundentes para destruir los parabrisas y la carrocería del vehículo.

Tras el ataque inicial, algunos de los involucrados se trasladaron hacia los predios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). En ese lugar, según el reporte de la Fiscalía, continuaron las agresiones contra bienes públicos. La fiscal asignada al caso, Godelia Vásquez, explicó que los efectivos policiales lograron identificar a los presuntos autores mediante operativos de vigilancia y el uso de registros audiovisuales obtenidos en el lugar de los hechos.

Los cinco sospechosos fueron aprehendidos poco después de los incidentes y trasladados a dependencias policiales. "El Ministerio Público activó de manera inmediata todos los actos investigativos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", señaló Torrez. La autoridad enfatizó que no se permitirá que las protestas sociales sirvan de cobertura para actos vandálicos contra las instituciones.

Contexto de conflictividad nacional

La situación en El Alto se suma a un panorama de inestabilidad que afecta a diversas regiones de Bolivia. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, instruyó a los fiscales departamentales actuar con firmeza frente a cualquier acto que atente contra la seguridad ciudadana o la institucionalidad democrática. Esta instrucción surge mientras sectores como el magisterio rural intensifican sus bloqueos en rutas estratégicas de La Paz y Cochabamba.

El impacto de estas medidas de presión ya se percibe en la economía regional. En Tarija, organizaciones de gremiales y regantes reportaron dificultades para el abastecimiento de productos básicos y el traslado de mercancías hacia el resto del país. Además, las autoridades nacionales han vinculado el fallecimiento de tres personas con las dificultades de traslado médico provocadas por los cortes de ruta en las últimas semanas.

Actualmente, los cinco imputados permanecen bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía continúa con la recolección de testimonios y peritajes técnicos para sustentar la acusación formal ante un juez. El gobierno y el Ministerio Público han reiterado que, si bien el derecho a la protesta está garantizado, el uso de la violencia y la destrucción de propiedad pública serán procesados bajo el rigor de la ley penal vigente.