Transportistas denuncian penalmente a dirigentes campesinos por bloqueos en rutas nacionales

El dirigente del Autotransporte Pesado, Domingo Ramos, anunció que presentará este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar Limachi. La acción legal responde a los bloqueos de rutas que, según el sector, vulneran el derecho al libre tránsito y generan pérdidas diarias de aproximadamente 100 dólares por unidad.

El memorial que será entregado al Ministerio Público tipifica delitos contra el orden público, la libertad de tránsito y la seguridad de servicios esenciales. Ramos señaló que la medida se formaliza tras cumplirse el plazo de 72 horas otorgado a los movilizados para levantar las protestas. El dirigente explicó que la interrupción de las vías no solo afecta la logística del transporte de carga, sino que pone en riesgo el abastecimiento de productos y la estabilidad financiera de los conductores, quienes enfrentan multas por incumplimiento de contratos en las fronteras.

Denuncias de daños a la infraestructura vial

De forma paralela al conflicto legal, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció este domingo la destrucción deliberada de la capa asfáltica en la carretera La Paz-Oruro. La autoridad difundió registros audiovisuales captados por transportistas en el sector de Konani, donde se observa a personas utilizando taladros para perforar la vía e insertar objetos metálicos punzantes, conocidos como miguelitos, con el fin de inhabilitar los neumáticos de los vehículos que intenten circular.

"Estos hechos son extremadamente graves y ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población", afirmó Zamora, quien detalló que los daños a la infraestructura estatal representan un costo económico adicional que deberá ser asumido por el erario público. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el país registra actualmente 18 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz y Beni.

Contexto de las movilizaciones

Las protestas, lideradas por sectores campesinos y afines a la Central Obrera Boliviana (COB), se originaron inicialmente en rechazo a la Ley 1720 de reconversión de tierras. Pese a que la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de dicha norma el sábado, los movilizados han mantenido las medidas de presión, incorporando demandas políticas que incluyen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto ingresa este lunes a su segunda semana con un impacto directo en el transporte interdepartamental y de carga. Las autoridades de gobierno señalaron que mantendrán la búsqueda de diálogo, aunque advirtieron que las acciones de vandalismo contra las carreteras serán procesadas conforme a ley.