Un experto propone analizar el modelo de negocio criminal para frenar la minería ilegal

El criminólogo y exviceministro peruano Nicolás Zeballos afirmó el martes en La Paz que el crimen organizado en la región opera bajo una lógica empresarial de rentabilidad e innovación, lo que exige que el Estado comprenda su modelo de negocio para frenar actividades como la minería ilegal. Durante el foro internacional Minería Ilegal, Violencia y Crimen Organizado, el especialista sostuvo que el delito debe analizarse como un fenómeno económico y socioeconómico, y no únicamente desde una perspectiva moral o de violencia.

Zeballos explicó que las organizaciones criminales funcionan como empresas capaces de generar ganancias, innovar y construir cadenas de suministro eficientes. Según el experto, estas redes mantienen su operatividad a pesar de las acciones estatales debido a su resiliencia y capacidad de adaptación. "Ningún mercado ilegal desaparece por ser ilegal", señaló Zeballos, quien propuso aplicar un paradigma empresarial para identificar canales de abastecimiento, mecanismos de operación y puntos vulnerables de estas estructuras.

El triángulo de la oportunidad criminal

Para explicar la expansión del delito, el especialista detalló el concepto del triángulo de oportunidad, un marco criminológico que identifica las condiciones que permiten el crecimiento de la ilegalidad. El primer elemento son los actores motivados, representados por organizaciones que han pasado de ser bandas locales a estructuras transnacionales fragmentadas. El segundo componente son los objetivos alcanzables, como el mercado del oro, cuyo alto precio internacional incentiva la extracción ilícita.

El tercer factor es la vigilancia ineficaz. Zeballos advirtió que las autoridades han retrocedido en su capacidad operativa, limitándose en ocasiones a un control performativo que busca cumplir metas administrativas o resultados superficiales sin afectar el funcionamiento real del mercado criminal. Según el criminólogo, esta falta de comprensión profunda permite que el fenómeno continúe expandiéndose en territorios con alta informalidad financiera.

Impacto en el ecosistema social y económico

La minería clandestina no opera de forma aislada, sino que genera un ecosistema criminal con múltiples capas. Zeballos describió que alrededor de la extracción de minerales surgen conductas secundarias como invasiones, bloqueos, sicariato y el tráfico de insumos estratégicos como el mercurio. A este escenario se suman delitos asociados como la trata de personas, la explotación laboral y el lavado de activos, que infiltran las economías locales.

El experto cuestionó las respuestas estatales basadas exclusivamente en el incremento de cámaras de vigilancia, patrullajes o la declaratoria de estados de emergencia. Calificó estas medidas como soluciones enlatadas que carecen de un análisis de riesgo territorial. Además, advirtió que las organizaciones criminales suelen instrumentalizar conflictos sociales y demandas legítimas de la población para proteger sus operaciones y dificultar la intervención de la fuerza pública.

Como medida para enfrentar esta situación, Zeballos recomendó que el gobierno y el sector privado desarrollen estrategias de gestión de riesgos basadas en el funcionamiento real de los mercados ilegales. Esto implica evaluar el impacto en la competitividad y el incremento de los costos logísticos para diseñar intervenciones que rompan la viabilidad económica de las redes delictivas en el país.