La policía vincula el asesinato del magistrado Claure con conflictos de tierras

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que la principal hipótesis sobre el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, apunta a una represalia por sus fallos judiciales en conflictos de tierras y no a una operación del crimen organizado. El jefe policial señaló que las investigaciones preliminares sugieren que el ataque responde a decisiones específicas tomadas por la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones.

Claure fue atacado la noche del jueves 30 de abril en un condominio ubicado en el cuarto anillo y la avenida Busch, en la ciudad de Santa Cruz. Según el informe forense, el magistrado recibió cuatro impactos de bala que le provocaron un shock hipovolémico. Gómez ratificó este miércoles que la línea de investigación se centra en una resolución emitida recientemente por el decano, vinculada a la propiedad agraria.

"El tema del magistrado más parece ser por una resolución que haya emitido con el tema de tierras", afirmó Gómez en una entrevista con el diario El Deber. El comandante cuestionó la tendencia de atribuir todos los hechos de violencia recientes a estructuras criminales complejas. "Uno piensa que todo está relacionado y es una obra del delito organizado, pero a veces son circunstancias distintas", explicó el jefe policial.

Investigación y medidas de seguridad

Tras el suceso, el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para dirigir las pesquisas. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, señaló que la institución trabaja de forma coordinada con la Policía para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen. Zeballos evitó dar detalles sobre los expedientes específicos que el magistrado Claure manejaba antes de su muerte para no entorpecer el proceso.

La muerte del decano generó reacciones en los niveles más altos del Órgano Judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, señaló que el Estado debe enfrentar con firmeza el avance del sicariato. Por su parte, las autoridades policiales indicaron que se han tomado medidas inmediatas para garantizar la integridad de otros funcionarios del sector.

Como medida preventiva, el comando departamental dispuso el despliegue de custodios para 13 magistrados de distintas instancias. Los efectivos brindan seguridad en domicilios, hoteles y otros puntos de permanencia de las autoridades judiciales en Santa Cruz. El comandante Jhenky Gómez confirmó que el operativo de protección se mantendrá mientras se evalúan los riesgos individuales de cada funcionario.

El asesinato de Claure ocurre en un momento de tensión por la tenencia de tierras en el oriente del país, un tema que el Tribunal Agroambiental debe resolver con frecuencia. Las autoridades esperan que el análisis de las comunicaciones de la víctima y la revisión de las cámaras de seguridad del condominio permitan avances significativos en los próximos días para esclarecer el móvil exacto del homicidio.