Seguridad
Tarija registra tres casos de denuncias falsas por violencia de género en dos meses
Confesiones de supuestas víctimas y pruebas de la Fiscalía revelaron procesos judiciales basados en testimonios inexistentes. Un hombre fue liberado tras pasar 11 meses en prisión por un delito que no cometió.
Puntos clave de la noticia:
- La policía utilizó agentes químicos para dispersar a sectores de la COB y el magisterio en el centro paceño.
- Los manifestantes detonaron cachorros de dinamita en su intento de ingresar a la plaza Murillo.
- El conflicto se enmarca en el segundo día de paro general exigiendo un aumento salarial.
El sistema judicial en Tarija enfrenta cuestionamientos tras registrarse tres casos de denuncias falsas por violencia de género y violación en los últimos 60 días. Los procesos, que derivaron en detenciones preventivas y sentencias, fueron desestimados luego de confesiones de las supuestas víctimas y la presentación de pruebas periciales que contradijeron las acusaciones iniciales.
De acuerdo con reportes de la Pastoral Penitenciaria del penal de Morros Blancos, el caso más reciente involucra a una mujer que el 23 de marzo solicitó ayuda tras ser expulsada de una audiencia de juicio. La mujer admitió ante medios locales que, hace siete meses y bajo efectos del alcohol, se autoinfligió lesiones para culpar a su pareja de violencia familiar y violación. A pesar de que la denunciante intentó retractarse ante el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la fiscalía y el juez, el hombre permanece detenido.
Irregularidades en la etapa de investigación
La liberación de Juan Yurquina, quien cumplió 11 meses de reclusión en Morros Blancos, expuso deficiencias en la etapa de instrucción fiscal. Yurquina fue acusado de violar a un menor en la unidad educativa donde trabajaba como portero. Julio César Soto, abogado del afectado, explicó que las pruebas generadas por la propia Fiscalía demostraron la inocencia de su cliente durante el juicio.
Soto detalló que la investigación inicial, conducida por una fiscal que luego fue reemplazada, omitió datos críticos. El tribunal determinó que el menor padecía enfermedades que explicaban las lesiones físicas presentadas como evidencia y que el niño ni siquiera era alumno del colegio mencionado. "Pido que se elimine la Ley 348 porque fue usada para mantenerme preso", señaló Yurquina tras recuperar su libertad, quien ahora ejerce como activista contra las detenciones injustas.
Un tercer caso involucra a una joven residente en Argentina, identificada como Miriam, quien declaró públicamente que su padre cumple una condena de tres años en Morros Blancos por una violación inexistente. La mujer afirmó que inventó el delito en represalia porque su progenitor la golpeó al enterarse de su embarazo. Según su testimonio, la denuncia fue una reacción impulsiva de la que ahora busca retractarse legalmente.
Impacto en el sistema penitenciario
Estos hechos han generado un debate sobre la aplicación de la Ley 348 y la rigurosidad de las pericias antes de determinar medidas cautelares. La recurrencia de estos episodios en la capital tarijeña pone en duda la eficacia de los filtros procesales para distinguir denuncias legítimas de testimonios fabricados.
Las autoridades judiciales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones para quienes presentan denuncias falsas, ni sobre mecanismos de resarcimiento para los ciudadanos afectados por el encarcelamiento indebido. El seguimiento de estos casos dependerá ahora de las gestiones de la defensa técnica para revertir las sentencias vigentes y lograr la libertad de quienes permanecen recluidos bajo cargos desmentidos por las propias víctimas.





