Petro califica de extremismo la expulsión de la embajadora de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este miércoles de "extremismo" la decisión de nuestro gobierno de expulsar a su embajadora en Bolivia, Elizabeth García Carrillo. El mandatario colombiano afirmó en una entrevista con Caracol Radio que la medida responde a su propuesta de intermediación ante el conflicto social que atraviesa el país, advirtiendo que estas posturas podrían llevar a una situación difícil para el pueblo boliviano.

La Cancillería boliviana confirmó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz solicitó la conclusión de las funciones diplomáticas de García Carrillo, otorgándole el plazo correspondiente según las normas internacionales. El canciller Fernando Aramayo explicó que la embajadora fue declarada "persona non grata" debido a las insistentes declaraciones de Petro sobre la situación interna en nuestro territorio.

Soberanía y no injerencia

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la decisión busca preservar los principios de soberanía y no injerencia en asuntos internos. El documento señala que es indispensable que cualquier pronunciamiento externo se realice con responsabilidad y respeto a la institucionalidad democrática vigente en nuestro país. No obstante, las autoridades aclararon que esta medida no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia.

El conflicto diplomático se originó el pasado domingo, cuando Petro afirmó en sus redes sociales que Bolivia vive una "insurrección popular" y ofreció a su gobierno para buscar salidas pacíficas a la crisis. "Lo que sabemos que pasa en Bolivia es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo", sostuvo el mandatario colombiano este miércoles, insistiendo en la necesidad de un diálogo nacional para evitar una masacre.

Contexto de la crisis interna

La tensión diplomática ocurre mientras nuestro país enfrenta una tercera semana de bloqueos de carreteras y medidas de presión lideradas por la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos. Los manifestantes mantienen un cerco a la sede de gobierno que impide el paso de alimentos, combustibles e insumos médicos, exigiendo la renuncia del presidente Paz, quien asumió el cargo hace seis meses.

A estas movilizaciones se sumaron grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes tras una marcha de siete días por el altiplano protagonizaron enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo en el centro de La Paz. Ante este escenario, el gobierno boliviano remarcó que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional y sin interferencias externas que profundicen la polarización.