El gobierno descarta aplicar el estado de excepción ante los conflictos

El gobierno descartó este martes la aplicación de un estado de excepción frente a la escalada de conflictos en nuestro país y tras la jornada de violencia registrada el lunes en la ciudad de La Paz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la administración central considera que esta medida extrema podría agravar la situación actual y ser aprovechada por los sectores movilizados para victimizarse ante la opinión pública.

En declaraciones a la red Uno, Gálvez señaló que un estado de excepción implica la suspensión temporal de ciertos derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y faculta la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Según el funcionario, optar por una respuesta de fuerza mayor podría profundizar la polarización y generar una "causa de lucha" basada en engaños por parte de los grupos que protagonizan las protestas.

Postura del Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ratificó la posición oficial este martes y atribuyó los hechos vandálicos a grupos específicos provenientes del Chapare. La autoridad afirmó que los manifestantes que llegaron a la sede de Gobierno cuentan con financiamiento irregular y que sus acciones fueron rechazadas por la población civil en puntos como la ciudad de El Alto.

Oviedo sostuvo que la violencia del lunes fue ejecutada por sectores afines al expresidente Evo Morales y campesinos denominados Ponchos Rojos, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. De acuerdo con el reporte oficial, los movilizados atacaron a los efectivos policiales con piedras, maderas y cachorros de dinamita en su intento por ingresar a la plaza Murillo.

Impacto de las movilizaciones en el país

Los enfrentamientos en el centro paceño derivaron en agresiones contra peatones, periodistas y pasajeros de transporte público. Además, se registraron daños materiales de consideración y saqueos en inmuebles estatales, entre ellos el edificio del Tribunal Departamental de Justicia. Como resultado de estos operativos, la Policía arrestó a más de 100 personas, quienes fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

La situación de transitabilidad en las carreteras de nuestro país también se encuentra comprometida. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, esta mañana se contabilizaron 33 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos. El gobierno mantiene el despliegue policial para intentar habilitar las vías, mientras los sectores movilizados persisten en sus demandas políticas y sociales.