Rechazo político en Bolivia a declaraciones de Gustavo Petro sobre crisis interna

Las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó las movilizaciones de grupos radicales en nuestro país como una “insurrección popular”, desataron una ola de rechazo en el ámbito político nacional. Diversas voces calificaron sus afirmaciones como un acto de injerencia en asuntos internos e incluso señalaron al mandatario extranjero como un instigador del intento de desestabilización contra el presidente Rodrigo Paz.

La Cancillería boliviana reaccionó con un rechazo contundente a las afirmaciones del mandatario colombiano. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que cualquier interpretación externa que “distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos” resulta improcedente para el Estado.

Cuestionamientos desde la diplomacia y el Legislativo

El exdiplomático Jaime Aparicio lamentó la postura de Petro y solicitó que nuestra Cancillería convoque a la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García Carrillo, para presentar una protesta formal. Según Aparicio, en el país no se vive una insurrección popular, sino una ofensiva contra el orden democrático vinculada a intereses específicos.

“En Bolivia no existe una insurrección popular, sino una conspiración vinculada al crimen organizado contra la democracia y el orden constitucional”, afirmó Aparicio. Las declaraciones del mandatario colombiano ocurren mientras grupos vinculados al expresidente Evo Morales intensifican bloqueos en demanda de la renuncia del actual jefe de Estado.

Por su parte, la excanciller Karen Longaric señaló que las palabras de Petro vulneran principios elementales del derecho internacional. La exautoridad explicó que se trata de una “evidente injerencia” que viola las normas de respeto mutuo que deben observar los Estados entre sí. En la Asamblea Legislativa, el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, fue más enfático al calificar a Petro como un “instigador y promotor del golpe de Estado”.

Alarcón demandó al canciller Fernando Aramayo exigir una retractación formal a la delegación diplomática colombiana. “Es una violación grosera y flagrante del derecho internacional. El presidente de Colombia está actuando como un promotor del golpe que intentan consumar grupos afines al expresidente Morales”, sostuvo el legislador.

Impacto de la crisis en la sede de Gobierno

El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que las afirmaciones de Petro no reflejan la relación histórica de amistad y cooperación entre ambos pueblos. La institución remarcó que Bolivia considera inaceptable cualquier caracterización externa que incentive una mayor polarización interna en este momento crítico.

Mientras el debate diplomático escala, la situación en nuestro país se mantiene marcada por una severa conflictividad, concentrada principalmente en La Paz. La ciudad enfrenta desde hace dos semanas bloqueos que dificultan el ingreso de alimentos, carburantes y medicamentos, afectando directamente a la población paceña. Aunque el foco principal está aquí en la sede de Gobierno, también persisten puntos de conflicto en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.